Sin ley ni DD.HH.
Las constantes violaciones de las leyes nacionales y la falta de respeto de los derechos humanos fundamentales constituyen las causas centrales del porqué nuestro país anda a los tumbos, con las instituciones públicas sacadas de su carril y tantos compatriotas sin poder realizarse como personas civilizadas.
Miles de ciudadanos viven regularmente al margen de la ley. Los asesinos, los ladrones, los abusadores de menores, los violadores de mujeres, los narcotraficantes, los secuestradores y extorsionadores de personas, los cleptómanos de fondos públicos, etc., se han acostumbrado a un modo de vida absolutamente ilegal.
Podemos discutir sin censura las posibles causas de ese fenómeno social, pero no llegaremos a ningún puerto. Los malvivientes constituyen un cáncer social que no tiene cura alguna a corto plazo. Como dice el tango Cambalache: “¡Todo es igual! ¡Nada es mejor! Lo mismo un burro que un gran profesor. Los ignorantes nos han igualado”.
Los derechos humanos básicos fueron proclamados por las Naciones Unidas en 1948, lo que constituyó un gran salto en la evolución civilizatoria de la humanidad. La ratificación de esa declaración por parte de la mayoría de los países del mundo ha mejorado sustancialmente el respeto por la vida y las condiciones de existencia de millones de seres humanos.
Lo que todavía constituye una utopía es que tales derechos humanos sean garantizados para todos y cada uno de los ciudadanos de las diferentes naciones. En lo que a nosotros respecta, los derechos a la tierra propia, a una educación básica, a un techo, a un trabajo digno, a una cobertura de salud pública, etc., estamos lejos de la meta.
La superestructura económica, social y política impulsa un modelo de sociedad en la que los beneficios del progreso, de la cultura y de la ciencia son absorbidos por un segmento privilegiado de la población, en tanto los sectores populares tienen que sudar mucho todos los días para conseguir el sustento familiar.
Miles de niños no asisten a la escuela, un gran número de jóvenes ni estudia ni trabaja, muchas familias campesinas deben dejar sus hogares porque ya no pueden subsistir con la agricultura minifundiaria, algunas etnias aborígenes van y vienen de sus hábitats a la capital por los conflictos de usurpación de sus tierras, cuántas adolescentes y jovencitas son captadas por las organizaciones de trata de personas, etc.
Nuestros líderes políticos no ven más allá de sus intereses particulares y los de su claque; no existe una visión país del presente y, menos aún, del futuro.
En medio de este desorden socioeconómico, surgen los problemas coyunturales que, en un análisis profundo, no dejan de ser anécdotas que el tiempo se encarga de enterrar, como la intendencia de “Kelembu” en CDE, la querella de Arrom y Martí en la Corte Interamericana de DD.HH. o el interminable juicio a la “Niñera de oro” del senador Víctor Bogado.
Mientras los derechos humanos no estén garantizados para la mayoría de la población paraguaya, seguiremos peleando en la arena movediza de nuestra miseria económica, política y moral.