Miles reclaman en España convocatoria a elecciones
Miles de personas protestaron ayer en Madrid contra la política del Gobierno socialista de Pedro Sánchez en la crisis con los independentistas de Cataluña. Manifestantes y líderes conservadores pidieron la celebración de nuevas elecciones.
MADRID (AFP, EFE). Organizada por el Partido Popular (PP) y los liberales de Ciudadanos, la concentración fue secundada por ultraderechistas de Vox. La exigencia: que Sánchez convoque elecciones legislativas anticipadas, sin esperar al fin de la legislatura, a mitad de 2020.
La respuesta del presidente Sánchez (PSOE) no se hizo esperar: “Lo que estoy haciendo ahora como presidente del Gobierno es resolver una crisis de Estado que el PP agravó cuando estuvo en el Gobierno”, dijo, a la vez que insistió en que lo que hace es defender la Constitución y acusó a “las derechas” de enfrentar a los españoles con la concentración de Madrid.
La protesta se produjo dos días antes del inicio del juicio a los independentistas.
Juicio, mañana
El Tribunal Supremo español (TSE) comienza mañana a juzgar a doce políticos y líderes catalanes, protagonistas del fallido proceso independentista en esa región. Están acusados de rebelión por la Fiscalía española, en un caso sin precedentes.
Los procesados son el exvicepresidente del Gobierno catalán Oriol Junqueras y ocho miembros de su antiguo gobierno, así como la expresidenta del Parlamento regional.
Todos ellos están acusados de participar de manera activa en la celebración de un referéndum ilegal sobre la secesión de la región de Cataluña el 1 de octubre de 2017 y de la declaración unilateral de independencia aprobada por el Parlamento catalán el 27 de ese mismo mes.
Como respuesta a este proceso independentista, el Gobierno español cesó de inmediato al Ejecutivo catalán y convocó nuevas elecciones regionales, mientras que la Justicia abrió una causa para dirimir responsabilidades.
Durante la mayor parte de la instrucción del caso, todas las acusaciones calificaron los hechos como una rebelión. Sin embargo, en la última fase del proceso, la abogacía del Estado cambió su acusación por la de sedición, delito que contempla menos pena en la ley española.
Ante este cambio de postura, los partidos de oposición acusaron al Gobierno de presionar a la abogacía del Estado para modificar su criterio.
El líder socialista, al frente de un gobierno muy minoritario en la cámara baja con 84 diputados de 350, necesita los votos de los legisladores independentistas catalanes para hacer aprobar su presupuesto y cumplir su plan de agotar la legislatura a mitad de 2020.