Parece que hay “gato encerrado” en Senabico.

Al negarse a entregar a la prensa el contrato de alquiler de la mansión del presunto narcotraficante Javier Cabaña (“Cucho”), la ministra de la Senabico viola abiertamente la Ley 5876/17, que crea esa institución, así como la 5282/14 que regula el libre acceso a la información pública y transparencia gubernamental, incurriendo así en una actitud ilícita por partida doble que la inhabilita para seguir al frente de dicho organismo. Es imposible que la ministra desconozca tales disposiciones, por lo que cabe suponer que algo hediondo se está cocinando en la olla de esa institución que maneja lucrativos bienes decomisados que, bajo el manto de la oscuridad con que se desenvuelve, pueden generar cuantiosos ingresos ilegales a quienes intervienen en las negociaciones y sus padrinos políticos. Así como están las cosas, solo se puede pensar que hay “gato encerrado” y que si salen a la luz el nombre del contratista y las condiciones estipuladas en esta operación, se desatará un escándalo. Estos episodios no favorecen en absoluto al Gobierno de Mario Abdo Benítez.

Al negarse a entregar a la prensa el contrato de alquiler de la mansión del presunto narcotraficante Javier Cabaña (“Cucho”), la ministra Karina Gómez viola abiertamente la Ley 5876/17, que creó la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), así como la N° 5282/14 que regula el libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental. Se ha limitado a informar que la lujosa residencia fue alquilada por 7.500.000 guaraníes mensuales a una persona cuyo nombre por alguna oscura razón no quiso revelar, incurriendo en una actitud ilícita por partida doble, que la inhabilita para seguir al frente de dicho organismo. Ignora de entrada el art. 1° de la Ley 5876/17, según el cual los procedimientos relativos a los bienes incautados o comisados se rigen por “los principios de eficiencia y TRANSPARENCIA de la función pública”. A la ministra se le ocurrió regirse por el de la opacidad, sin considerar “los principios administrativos de libre competencia, TRANSPARENCIA Y PUBLICIDAD”, como le ordena el art. 21 de la misma normativa (las mayúsculas son nuestras). La citada funcionaria alega que el contrato suscrito se rige por el Código Civil, como si se tratara de uno celebrado exclusivamente entre particulares. Dado que obviamente no es así, el art. 22 de la referida ley dispone que la Contraloría General de la República puede examinar el fondo especial creado para contratar bienes y servicios destinados al mantenimiento y preservación de los bienes incautados y en comiso. Es cierto que el depositario debe cumplir con las responsabilidades y los deberes fijados en el Código Civil y que los recursos y títulos valores depositados en cuentas habilitadas tendrán un privilegio especial ante cualquier crédito determinado en dicho cuerpo legal, pero nada de esto tiene que ver con la cuestión de la transparencia y la publicidad. La propia Ley de la Función Pública remite al Código del Trabajo y al Código Civil en lo que hace al personal auxiliar y a la contratación temporaria, respectivamente, sin que ello suponga que no se pueda pedir una información pública sobre los choferes o los censistas que estén prestando servicios. Es imposible que la titular de la Senabico desconozca cuanto antecede, por lo que cabe suponer que algo hediondo se está cocinando en la olla de esa institución que maneja lucrativos bienes decomisados que, bajo el manto de la oscuridad con que se desenvuelve, pueden generar cuantiosos ingresos ilegales a quienes intervienen en las negociaciones y sus padrinos políticos. Aunque alguna entidad estatal se ciña en ciertos casos al Derecho Privado, sigue estando sometida al Derecho Ley Público. N° 5282/14, Forma que parte solo del admite mismo la la negativa ya mencionada a brindar “reservada” una información por haber sido pública “calificada en caso o determinada de que sea como tal en forma expresa por la ley”, como dice el art. 22. Y bien, ninguna norma de la ley de creación de la Senabico dispone, como es lógico, que un simple contrato de locación celebrado por ella sea una información pública reservada. La ministra Gómez desconoce, por sí y ante sí, el derecho de la ciudadanía a tener acceso a las cláusulas del documento suscrito. Como si fuera un secreto de Estado, ni siquiera le permite saber con quién se comprometió el Estado, como si la cuestión no le incumbiera y fuese irrelevante que el mismo sea un testaferro o un cercano pariente suyo, por ejemplo. La manifiesta arbitrariedad induce a sospechar que hay algo que se quiere ocultar a toda costa. La amarga experiencia adquirida en liquidaciones o quiebras bancarias enseña que los administradores podrían quedarse con gran parte de los bienes incautados y comisados. La ilegal falta de transparencia demostrada puede servir muy bien para que unos avivados se apropien de lo ajeno. En octubre de 2018, la estancia “4 Filhos”, que perteneció al narcotraficante Jarvis Chimenes Pavão y está valuada en seis millones de dólares, pasó a manos del Estado, habiéndose anunciado que será llevada a remate. Es de esperar que las instalaciones sigan intactas y que el ganado vacuno haya aumentado, porque hay sospechas de que los reproductores bovinos han estado muy “perezosos” desde que la hacienda pasó a manos del Gobierno. Esta clase de dudas van a continuar en aumento si es que la señora Karina Gómez quiere manejar los números en secreto. Es cierto que la administración de los activos incautados y comisados está sujeta al control de las entidades fiscalizadoras estatales, pero también es necesario que la ciudadanía pueda coadyuvar al respecto, para lo cual debe disponer de la información pertinente, de la que no puede ser privada por la simple voluntad de una ministra, cuya conducta implica una grosera afrenta a sus compatriotas. Así como están las cosas, solo se puede pensar que hay “gato encerrado” y que si salen a la luz el nombre del contratista y las condiciones estipuladas en cuanto a la mansión de “Cucho” Cabaña, se desatará un escándalo. Estos episodios no favorecen en absoluto al Gobierno de Mario Abdo Benítez, sino todo lo contrario, pues cabe pensar así que el rumbo de la corrupción y la impunidad siguen tan campantes en las diversas instituciones del Estado.