Indignante repartija clientelista en Tekoporã.

Resultados provisorios de una auditoría efectuada por el Ministerio de Desarrollo Social con respecto a la asistencia de 290.000 guaraníes mensuales a hogares en situación de extrema pobreza indican que se habría estado otorgando esa ayuda monetaria a 430 familias con suficientes recursos económicos, y que ese número podría elevarse a dos mil cuando concluya el examen de casos. Si fuera así, el daño patrimonial causado cada mes al fisco habría llegado a 580 millones de guaraníes. La opinión pública sabe que los subsidios se prestan a corruptelas diversas, por lo general cometidas en connivencia entre quienes manejan los fondos y los beneficiarios fraudulentos. Es mucho lo que se ha venido robando en tal concepto, sin que hasta ahora nadie haya dado con sus huesos en la cárcel. El Estado no debe seguir siendo una “vaca lechera” de la que pueden servirse con toda impunidad los sinvergüenzas de los organismos gubernamentales y sus cómplices, por lo que es imperioso que estos vayan a prisión y devuelvan lo robado.

Es sabido que los populistas suelen comprar adhesiones con el dinero de todos; es decir, con los subsidios otorgados a ciertos grupos para que no suba el precio del pasaje, para compensar una caída de los precios de algún producto agrícola o para mantener a los pescadores durante la veda, entre muchos otros motivos atribuidos supuestamente a un “interés social”. Para comenzar, esa ayuda económica estatal destinada a satisfacer una necesidad específica debe tener un carácter temporal, pero en nuestro país, de hecho, en muchos casos se vuelve más o menos permanente. La opinión pública tampoco ignora que los subsidios se prestan a corruptelas diversas, por lo general cometidas en connivencia entre quienes manejan los fondos y los beneficiarios fraudulentos. Es mucho lo que se ha venido robando bajo tal concepto, sin que hasta ahora nadie haya dado con sus huesos en la cárcel. La última fechoría continuada y a gran escala acaba de ser expuesta por el ministro de Desarrollo Social, Mario Varela, con respecto a los resultados provisorios de una auditoría del programa Tekoporã, por el que se entrega una asistencia de hasta 290.000 guaraníes mensuales a hogares en situación de extrema pobreza, durante 72 meses consecutivos. Por de pronto, ya se habría constatado que la ayuda monetaria estaba siendo recibida por 430 familias con suficientes recursos económicos, estimándose que ese número se elevaría a dos mil, cuando concluya el examen de casos. Si fuera así, el daño patrimonial causado cada mes al fisco habría llegado a 580 millones de guaraníes, suma que pudo haber sido inclusive mayor durante un buen tiempo, pues hubo delincuentes que, según el ministro Varela, dejaron de estafar al enterarse del control “casa por casa” iniciado en septiembre último debido a múltiples denuncias ciudadanas. Un par de ejemplos bastará para ilustrar las iniquidades que se vienen perpetrando, tanto en perjuicio del Estado como de terceras personas. El matrimonio Villalba-Sarubbi Larroza reside en una confortable casaquinta de la ciudad de Caazapá, y al menos hasta diciembre de 2018 la esposa cobraba el subsidio, pero no así el ciego indigente Israel Duarte, pese a que venía pidiéndolo desde hacía tres años. En noviembre de ese mismo año salió a la luz el escándalo de que en San Juan Nepomuceno lo recibía el empresario Roque Sachelaridi, dueño de un camión de gran porte y de otros vehículos, gracias a ciertas gestiones del edil Hernán Vergara (FG); en cambio, la paupérrima anciana Lucía Zárate Villán, carente de los contactos adecuados, no calificó porque su “nivel de vida es alto”, pese a habitar en una precaria vivienda de madera. Por esos mismos días, en fin, se reveló que uno de los agraciados por el programa era Lorenzo Espínola –padre del diputado Edgar Espínola y del intendente de J. Eulogio Estigarribia, Derlis Espínola, ambos colorados–, quien, por entonces, tenía unos salones comerciales en construcción. Cabe apuntar que en la selección de los beneficiarios intervienen además las municipalidades, adonde deben dirigirse los interesados. Es decir, se despoja al erario y se margina a los necesitados con la participación de los “políticos” locales, siempre en busca de ventajas ilícitas para sus amigos, parientes y correligionarios. Por supuesto, también delinquen quienes en el Ministerio de Desarrollo Social adulteran fichas familiares para que el subsidio llegue a quienes tienen un buen pasar y unas buenas relaciones, como los ciento cincuenta contratados cuyos contratos no fueron renovados por la actual administración, según lo denunció el propio jefe. El ministro Varela anunció también que iba a informar ala Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción de las “irregularidades” detectadas. De hecho, es su deber hacerlo cuanto antes, y no limitarse a denuncias efectistas, tal como suelen hacerlo las autoridades recién asumidas, para que después los delitos queden en el oparei, como ya viene ocurriendo en otras oficinas del actual Gobierno. Se trata de graves hechos punibles, como lesión de confianza, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y adquisición fraudulenta de subvenciones. Este último, tipificado en el art. 262 del Código Penal, castiga con hasta cinco años de cárcel o con multa a quien por sí o por otro, y para favorecerse o favorecer a un tercero, proporcione a la autoridad que otorga una subvención o a otro ente o persona ligada a dicho procedimiento, datos falsos o incompletos sobre hechos relevantes para su otorgamiento. La pena carcelaria se eleva hasta diez años cuando el autor se aprovecha del apoyo de un funcionario que abusa de su competencia o de su posición. La extensa norma prevé otras maniobras fraudulentas para adquirir una subvención, pero las mencionadas bastan para ilustrar que han de ser numerosas las personas, entre funcionarios y particulares, a las que el Ministerio Público debe llevar ante la Justicia para que sufran la sanción legal y devuelvan, con intereses, el dinero tan mal habido. A más de ser repudiables tales delitos en sí mismos, es aún más indignante que los involucrados hayan venido lucrando a costa de los más pobres del país. El Estado no debe seguir siendo una “vaca lechera” de la que pueden servirse con toda impunidad los sinvergüenzas de los organismos gubernamentales y sus cómplices, por lo que es imperioso que vayan a la cárcel y devuelvan lo robado.