La fiscala general del Estado pisa su palabra
La fiscala de Delitos Económicos, Liliana Alcaraz, desestimó una denuncia contra el contralor general Enrique García por la contratación de una consultora externa ligada a su jefa de gabinete y supuestos viáticos mal utilizados por una comitiva oficial en Madrid, España.
La agente indica que no encontró indicios suficientes para imputar a García.
Este caso saltó a la luz en julio del 2017, cuando el contralor adjudicó en forma directa a la Consultora CAE Asociados la elaboración de un manual de funciones. Esto tuvo un costo de G. 108.000.000.
El Ministerio Público corroboró que la empresa pertenece al exesposo de Norma María Martínez Irigoitia, nombrada en noviembre jefa de gabinete con un ingreso de G. 15 millones, pero consideró que ya estaban divorciados y se tragó el relato de su expareja.
En ese sentido, Marcelo Scappini relató que creó la firma CAE Asociados con la intención de que su entonces esposa, Norma Martínez Irigoitia, “acceda a oportunidades laborales en el ámbito privado”.
Asimismo, Alcaraz tomó por válido lo que dijo sobre que la mujer “nunca” participó de actividades ni utilidades que pudo haber generado tal sociedad. Scappini también refirió que en 2009 fue dictada la sentencia de divorcio y que “perdió contacto” con la que fuera su esposa.
La denuncia también tenía que ver con el hecho de que el Manual de Funciones podía haber sido realizado en la propia Contraloría, pero se justificó la necesidad del manual con la misma declaración de Martínez Irigoitia, durante un allanamiento en la CGR. En ese lugar, la misma exhibió el pedido de creación de la Dirección General de Gabinete.
La Fiscalía también dice que se justificaron los G. 113 millones de viáticos que utilizó García y su comitiva en un Congreso Internacional celebrado en Madrid, España, que fue entre el 14 y 17 de noviembre de 2017. La CGR cubrió del 12 al 19 de noviembre, porque supuestamente el contralor tuvo “otras reuniones”.