La peligrosa justicia por mano propia
Cuando el Estado, aquel que por imperio de la Constitución tiene el monopolio del ejercicio de la fuerza pública, no responde, se corre el riesgo que los civiles tomen las armas o ejerzan justicia por mano propia y eso puede ser peligroso.
La historia del mexicano José Manuel Mireles es digna de contarse. Mireles, líder y rostro más conocido de los llamados Grupos de Autodefensa Comunitarios, que no son otra cosa que grupos de ciudadanos armados que, cansados de la violencia ejercida por el narcotráfico en sus pueblos, deciden organizarse en ejércitos civiles para combatir a la delincuencia.
Mireles, médico de profesión, es un personaje controversial. Fue priista, estuvo preso, ejerció la medicina sin tener los papeles en regla, llegó a liderar un grupo de milicianos que se inició en el 2013 y que tuvo en algún momento cerca de 30.000 activistas. El grupo de Mireles empezó a activar en Michoacán, lugar donde el temido grupo narco de los Caballeros Templarios arrasaba con todo en medio de una dominación que hasta incluía violaciones y embarazos a mujeres sometidas con la más absoluta crueldad. Los michoacanos decidieron “morir de pie antes que vivir de rodillas”, y esa opción en zonas dominadas por el narco mexicano es valiente y peligrosa. Varios integrantes de las Autodefensas murieron en la cruzada, algunos continúan siendo parte de ellas y otros se enrolaron al narco. Así de complejo.
Aunque el comienzo de estos grupos paramilitares fue sumamente exitoso, en cuanto a resultados, los problemas no tardaron demasiado en aparecer, por un lado de la idea original de proteger a los pueblos de los cárteles, se pasó a una situación de control que excedía por lejos el objetivo inicial del grupo, hechos de corrupción, allanamientos ilegales y una serie de arbitrariedades generaron más de un conflicto. Del mismo modo, la utilización de armas de manera irregular motivó la acción del Estado. El propio Mireles estuvo preso, por segunda vez, por esta última cuestión. Mireles fue elegido a inicios de febrero como el líder nacional de las Autodefensas que ahora apuntan a un reconocimiento legal. La historia aún está por escribirse.
Lejos de Michoacán en Capiatá un grupo de vecinos del asentamiento Sueño y Esperanza, casi lincha esta semana a un vecino al que acusan de vender chespi a sus hijos, se cansaron de denunciar y denunciar.
Resulta curioso que el mismo Estado que saca pecho con grandes decomisos de drogas no pueda ver los focos de venta de esta porquería de droga. No puede ser que todos sepamos que en 25 de Mayo y Tacuary indefectiblemente veremos niños zombies destruidos por el chespi sin que exista una reacción efectiva de las autoridades.
Basta con andar con los ojos semiabiertos por Asunción o por Central para pillar dónde está la droga. Como la Policía no ve, los padres probablemente seguirán reaccionando y la violencia va a crecer. Ya hemos tenido tristes experiencias con las Guardias Urbanas y con las Comisiones Garrote. Con la droga en el medio, la cuestión va a ser más densa.
No es la primera vez que padres furiosos cargan contra los llamados “microtraficantes” que en volumen seguramente no manejan grandes cantidades de sustancias, sin embargo esos pocos moñitos son suficientes para fundir la vida de una familia. Existen suficientes instituciones públicas que pueden evitar un espiral de violencia, es hora que activen.