Suspenderían audiencia de concejala “planillera”
La concejala colorada cartista Camila Celeste Sarubbi Zacarías se libraría de la audiencia en la que se decidirá su situación respecto a la acusación por planillerismo, debido a que el fiscal Carlos Mercado alegó recargo de trabajo.
CAAZAPA. Es prácticamente un hecho la suspensión de la audiencia donde se decidirá la suerte de la concejal cartista de esta localidad Camila Celeste Sarubbi Zacarías, denunciada por su colega colorado abdista Miguel Ángel Florentín Brítez por cobro irregular de sueldo de la Cámara de Diputados. El fiscal de la causa, Carlos Mercado, no podrá asistir a la cita “por recargo de trabajo”.
El pedido de suspensión lo presentó el martes último el fiscal Mercado. Sin embargo, el juez que atiende el proceso, Claudio Villalba, supuestamente aún no decidió nada al respecto o ya fijó una nueva audiencia.
El agente fiscal dijo que será imposible que comparezca por tener tres audiencias preliminares en San Juan Nepomuceno y el juez de garantías no tendrá otra salida que fijar una nueva fecha para la audiencia.
Camila Celeste Sarubbi Zacarias, hija del conocido político colorado, exintendente, gobernador y exdiputado nacional Luis Sarubbi, además es prima del actual diputado de la Alianza Ganar Roque Sarubbi, quien saltó a la fama por utilizar equipos viales del MOPC para hacer arreglar el camino de su propiedad.
La procesada es prima de Francisco Sarubbi, exintendente de Caazapá, procesado en Uruguay por remesa de marihuana de su propiedad ubicada en el departamento de Caazapá.
En el proceso, el concejal Florentín Brítez utilizó como base la publicación de ABC Color sobre planillerismo para denunciar a la mujer, quien al ser descubierta no tuvo otra opción que devolver el dinero que percibió ilegalmente y que supuestamente asciende a G. 14 millones.
El fiscal de la causa alegó que pidió la suspensión condicional del proceso porque el tipo penal del cual es investigada la concejal tiene una expectativa de pena de 2 años y además la mujer al devolver el dinero reconoce su delito, sostuvo.
Sin embargo, la ciudadanía no está de acuerdo con esa pretensión y señala que la concejala debe ser castigada según la ley y además debe resarcir el daño que cometió debido a que el dinero es de todos los paraguayos.