Las casillas de la Avenida Quinta deben ser demolidas.

Por haber sido construidos en forma ilegal, por oponerse al deseo de los vecinos, por estar salpicados de corrupción y por privar de un espacio recreativo a los asuncenos, los dieciséis armatostes levantados por la Municipalidad de Asunción en el paseo central de la Avenida Quinta, a un costo de 2.778 millones de guaraníes, deben ser demolidos cuanto antes. Debe restaurarse el estado de cosas existente antes de la comisión del aberrante acto. Los vecinos no deben resignarse a aceptar los hechos ilegalmente consumados, sino seguir bregando por la defensa del ambiente y de la integridad del hábitat, entre otros “intereses difusos”. Y también de su dinero, por cierto, malgastado en un esperpento urbanístico, perpetrado de consuno por el intendente y los concejales.

Por haber sido construidos en forma ilegal, por oponerse al deseo de los vecinos, por estar salpicados de corrupción y por privar de un espacio recreativo a los asuncenos, los dieciséis armatostes levantados por la Municipalidad de Asunción en el paseo central de la Avenida Quinta, a un costo de 2.778 millones de guaraníes, deben ser demolidos cuanto antes.

Al concesionarlos para la venta de comidas y bebidas, el intendente Mario Ferreiro y los concejales no solo ignoraron los justificados reclamos previos de unos cinco mil vecinos hoy afectados por el engendro, sino también el art. 134, in fine, de la Ley Orgánica Municipal (LOM), según el cual “los espacios destinados a plazas, parques, calles y avenidas no podrán ser objeto de concesión para uso de particulares”. La ordenanza municipal por la que se dispuso erigir los puestos gastronómicos y ceder a ciertas personas el uso privativo de un bien del dominio público a cambio de un canon, es nula de nulidad absoluta.

En consecuencia, debe restaurarse el estado de cosas existente antes de la comisión del aberrante acto . De acuerdo con el art. 276 de la LOM, la ejecución de esta medida posible y necesaria debe correr a costa de quienes cometieron la evidente irregularidad. Ella no puede ser convalidada por el paso del tiempo y nadie puede invocar derechos contra la ley, de modo que, si los responsables del mayúsculo disparate no se avienen a reparar el daño causado, los vecinos podrían promover una acción contencioso-administrativa, según se desprende del art. 38 de la Constitución, que reconoce el derecho a la defensa individual o colectiva de los intereses difusos. La revocación de lo dispuesto en muy mala hora por la Intendencia y la Junta Municipal debe conllevar el derribo de los adefesios que, para peor, habrían sido concesionados a cambio de sobornos.

El hecho de que la mayoría de los ediles haya dejado sin quorum la sesión en la que Ferreiro debía dar explicaciones sobre las presuntas actuaciones delictivas de un par de altos funcionarios revela que quienes quebrantaron la LOM no tienen el menor propósito de enmienda, tanto que estarían dispuestos a apañar a Antonio Coscia y a Julio Duarte, directores de Planeamiento Urbano y de Vigilancia Municipal, respectivamente. Volvemos a dar sus nombres porque el asesor jurídico de la Municipalidad, Juan Carlos Ramírez Montalbetti, se limitó a formular una denuncia ante la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción contra ¡“personas innominadas”!, por los supuestos hechos punibles tratados en los audios difundidos. Conviene que el intendente vuelva a enterarse de quién pidió a su interlocutor que se calle “porque si esto sale a la luz...”, y quién aseguró al suyo que “no va a ser gratis”.

Si el intendente Ferreiro tuviera una pizca de honestidad,

lo difundido le serviría para desprenderse de inmediato de los susodichos, sin previo sumario administrativo, pues ocupan cargos de confianza. Una medida similar le daría un buen “rating” al lord mayor asunceno, y no precisamente a quienes denunciaron los hechos. Coscia puso a disposición su cargo “hasta que se aclare la situación”, por lo demás bastante clara para quien tenga dos dedos de frente. El intendente puede y debe apartarlo definitivamente del cargo si en verdad quiere “castigar severamente la corrupción”, como dijo el 19 de diciembre de 2015.

Dado que, por de pronto, no hay motivos para esperar que los autores de la notoria ilegalidad comentada tengan la decencia de eliminar sus nefastos resultados, la ciudadanía de Asunción debe exigir que las casillas sean demolidas, por razones jurídicas, morales y estéticas. Si antes no logró impedir que se cometa el tremendo despropósito, ahora tiene la chance de revertir la situación infelizmente provocada. Los vecinos no deben resignarse a aceptar los hechos ilegalmente consumados, sino seguir bregando por la defensa del ambiente y de la integridad del hábitat, entre otros “intereses difusos”. Y también de su dinero, por cierto, malgastado en un esperpento urbanístico, perpetrado de consuno por el intendente y los concejales.

Por otro lado, en el mismo Barrio Obrero apareció un monumento, que los funcionarios definieron como una alegoría del trabajador, en consonancia con el nombre del barrio. Los vecinos volvieron a estar al margen de las consultas previas, y el artista contratado para el diseño y ejecución, Diego Céspedes, fue designado a dedo por el intendente Ferreiro. La obra costó más de 63 millones de guaraníes. La Ley de Contrataciones Públicas exceptúa de los procedimientos regulados por ella a los contratos que solo pueden celebrarse con cierta persona por referirse a una obra de arte, pero es muy improbable que el artista Céspedes haya sido el único paraguayo capaz de esculpir un brazo metálico blandiendo un martillo.

Se observa así que el intendente no tiene mucho apego a las formalidades ni a las inquietudes de los vecinos. En este mismo sentido, se puede mencionar que prefirió derrochar 1.200 millones de guaraníes para convertir la concurrida calle Iturbe en una “bicisenda”, que no tiene ciclistas, mientras los vecinos y trabajadores de la zona deben hacer malabarismos para conseguir lugar donde estacionar sus vehículos.

Ya es hora, en fin, de que la Contraloría General de la República meta sus narices en la deplorable administración municipal de Asunción, sobre todo en lo que a las célebres casillas respecta.