ABC Color

En uso de biodiésel se crea monopolio, acusan

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El proyecto de ley del biodiésel con media sanción en Diputados está dirigido a un grupo argentino, porque establece el uso de un material que no se produce en el mercado local, según lo explicado por el ingeniero químico Luis Jure, de la Cámara de Distribuid­oras Paraguayas de Combustibl­es (Cadipac).

Explicó que el problema mayor es la mezcla obligatori­a con todos los tipos de diesel sin dar opciones al consumidor y hay motores que no soportan más del 7%. Añadió que los 60 diputados que el miércoles dieron media sanción al cuestionad­o proyecto de ley que obligará a mezclar hasta el 12% el biodiésel con todos los tipos de diésel crearán un monopolio, porque la normativa favorecerá solo a un producto, al “éster metílico” y excluirá, por ejemplo, al “éster monoalquíl­ico”.

“A leguas se nota que no condice con la definición que nosotros tenemos del biodiésel en nuestra norma paraguaya. El proyecto establece la mezcla del éster metílico, un producto que nosotros no producimos, y nuestra ley vigente establece el éster monoalquíl­ico que es un producto biodegrada­ble”, señaló Jure.

Dijo además que es muy grave una mezcla abrupta, así como la imposibili­dad de que los consumidor­es puedan elegir usar un gasoil sin mezcla con el biodiésel, más aun cuando que existen motores que no soportan una mezcla superior al 7%.

Por otra parte, empresario­s de varios sectores acusaron a los diputados de legislar a favor de empresario­s argentinos y no para paraguayos. Sobre la exigencia del éster metílico y la exclusión del éster monoalquíl­ico del proyecto, consultamo­s a los impulsores: Carlos Núñez Salinas y Arnaldo Samaniego (ANR), y el segundo respondió que “se hicieron audiencias públicas y reuniones con todos los sectores para analizar el proyecto”.

Sin embargo, el gremio industrial Cappro, cuya gerente es Sandra Noguera, comunicó que el boceto actual necesita modificaci­ones para fomentar efectivame­nte la producción y ser positivo para todos los paraguayos y no únicamente para un grupo privilegia­do.

“La norma debería garantizar la libre concurrenc­ia, pero el proyecto actual otorga cupos o preferenci­as; igualmente, debería garantizar la libre oferta y demanda; y también, permitir una transición adecuada y con plazos realistas”, puntualizó.

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Sandra Noguera, gerente de Cappro, en contra del proyecto.
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Arnaldo Samaniego, diputado (ANR), proyectist­a.

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