Criminal asalto al bolsillo de los contribuyentes.

Las escandalosas imágenes publicadas en los últimos días mostrando la larga fila de planilleros aguardando turno para marcar sus tarjetas de asistencia a la Municipalidad de Ciudad del Este, o de algunas oficinas atestadas de funcionarios que ya no dejaban lugar a que algún eventual cliente realice sus gestiones, luego de que las nuevas autoridades de esa institución iniciaran el control de quienes cobran salarios allí, revelan el criminal clientelismo político sostenido con el dinero de los contribuyentes. Al mismo tiempo, el presidente de la Junta Municipal de Asunción, Óscar Rodríguez, revelaba la existencia de unos 400 excedentes, pero nosotros creemos que se quedó corto. En lo que a planillerismo se refiere, no se dirá que las municipalidades son las peores, porque el mal está extendido pavorosamente en todo el ámbito estatal, tal vez en mayor escala aún en las instituciones de la Administración Central. La ciudadanía está lejos de imaginar la magnitud del fenómeno. Un gobernante que tenga el coraje de enfrentar este monstruo tendrá un lugar ganado en la historia de nuestro país.

Las escandalosas imágenes publicadas en los últimos días mostrando la larga fila de planilleros aguardando turno para marcar sus tarjetas de asistencia a la Municipalidad de Ciudad del Este, o de algunas oficinas atestadas de funcionarios que ya no dejaban lugar a que algún eventual contribuyente realice sus gestiones, luego de que las nuevas autoridades de esa institución iniciaran el control de quienes cobran salarios allí, revelan el criminal

clientelismo político sostenido con el dinero de los ciudadanos. En una sola dependencia de esa Municipalidad esteña había ¡39 recepcionistas! Como bien lo graficó la directora de Recursos Humanos, Yolanda Paredes, hay cuatro empleados “por cada baldosa”.

Al mismo tiempo, en Asunción, el presidente de la Junta Municipal, Óscar Rodríguez, reconocía que en ese legislativo comunal figuraban 1.089 “trabajadores”, agregando que con 700 ya puede trabajar, de lo que puede deducirse que sobran unos 400 de ellos. Nosotros creemos que se quedó corto.

Desde luego, en lo que a planillerismo se refiere, no se dirá que las municipalidades son las peores, porque el mal está extendido pavorosamente en todo el ámbito estatal, tal vez en mayor escala aún en las instituciones de la Administración Central, donde en los últimos años proliferaron los cargos para incorporar gente y los rebusques para aumentarles el salario bajo las más inverosímiles figuras. Actualmente, no existe casi un funcionario de segundo o tercer nivel que no tenga un “jefe de gabinete” y un ejército de secretarias para cualquier función. La ciudadanía está lejos de imaginar la magnitud del fenómeno, como se pudo observar en forma contundente en la Municipalidad esteña, porque ni las intervenciones ni auditorías suelen profundizar en ese tema específico, ya que generalmente se realizan por motivos especiales, por ejemplo cuando hay que “castigar” a algún intendente o darle una advertencia para que cambie de actitud política.

Por lo demás, desde hace ya mucho tiempo han venido violando alevosamente y convirtiendo en letra muerta lo dispuesto en el Art. 179 de su actual ley orgánica, que, en lo referente a “Servicios Personales”, establece: “Las municipalidades no podrán gastar en servicios personales más del 60% (sesenta por ciento) de sus ingresos corrientes ejecutados, según el último informe anual de ejecución presupuestaria”. Una gran mayoría de ellas, incluyendo la de Asunción, han gastado mucho más que ese porcentaje y han recurrido a préstamos bancarios para satisfacer a su personal. Esto convierte a intendentes y concejales en violadores de la ley, es decir, en delincuentes.

Muchos de esa enorme cantidad de planilleros que medran en las municipalidades, ministerios, entidades binacionales, empresas estatales y, ni qué decir, el Congreso Nacional y el Poder Judicial, suelen estar clasificados con el nombre de “contratados”, lo que consiste en otra

violación de la ley. Esto les libera a los jefes políticos que manejan estas operaciones prebendarias de cumplir con ciertos formalismos legales como los concursos de méritos

y aptitudes, que, de todos modos, ni siquiera son respetados para los nombramientos.

En el caso concreto de Ciudad del Este, el intendente recientemente electo, Miguel Prieto, apreció en aproximadamente 25 mil millones de guaraníes el perjuicio que anualmente causan estos parásitos a la Municipalidad. ¿Cuántas obras públicas que actualmente son urgentes, cuya carencia está causando grandes daños a la ciudad, podrían resolverse con esos recursos? Cualquiera podría hacer este cálculo y llegar a la misma conclusión: el planillerismo es seguramente el lastre más pesado que detiene el progreso y hace utópicos los proyectos más indispensables para el país.

Según datos publicados por la Secretaría de la Función Pública, en 2016, el 80% de los aproximadamente 300.000 funcionarios públicos registrados en unos 300 organismos estatales, que incluyen municipalidades, gobernaciones y organismos del Poder Legislativo y Judicial, es decir, unas 233.156 personas, ocupan cargos permanentes (o sea, son funcionarios). Además, se cuentan unos 54.878 contratados temporales, que representan el 18,8%, y 3.073 “comisionados”, equivalentes al 1% del total mencionado. Estos últimos son, generalmente, quienes ya no tienen cabida en una institución y son enviados en tal carácter a otra, donde igualmente son innecesarios.

Como es lógico suponer, estas cifras no cuentan más que una parte pequeña de la realidad del grosero dispendio de los recursos estatales en planillerismo abierto o disfrazado, “permanente o temporal”, como dicen estos informes. El “caracú” de la cuestión radica en cuánto percibe cada uno, según el rango con el que le obsequian a pedido de su “caballo” o padrino político. Abundan, por ejemplo, las “secretarias VIP”.

Hace poco más de dos años, informes del BID y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) mostraron que nuestro país era el que más recursos públicos dilapida en sueldos y remuneraciones en general para empleados estatales. En ese estudio, Paraguay figura a la cabeza de América Latina con nada menos que el 49,5% del total de su gasto público, siendo el promedio subcontinental del 29,1%. Es completamente lógico, por consiguiente, que en un país en el que el promedio de gasto público empleado en sueldos y salarios ronda los 75 guaraníes por cada 100 recaudados en concepto tributario, lo que se puede esperar que suceda es precisamente lo que vemos diariamente: estancamiento en

todos los órdenes; a veces, incluso, retroceso, como evidentemente ocurre en el sistema educacional y sanitario.

El tema del planillerismo en nuestro país no es ninguna novedad, pero nunca ha salido a la luz con tanta crudeza, como ocurrió en Ciudad del Este. Es precisa una cirugía mayor para extirpar este mal que distrae los recursos esenciales para atender las necesidades básicas de la población. Un gobernante que tenga el coraje de enfrentar este monstruo tendrá un lugar ganado en la historia de nuestro país.