Ministros paralizan la causa
La Corte Suprema de Justicia tiene trabada la acción de inconstitucionalidad planteada por la Contraloría General de la República para no hacer públicas las declaraciones juradas. La máxima instancia judicial debería correr traslado cuanto antes a la Fiscalía General del Estado para que esta institución otorgue su parecer.
Sandra Quiñónez, fiscala general del Estado, deberá definir públicamente si está a favor o en contra de la transparencia que tanto pregonó cuando quiso llegar al cargo que ocupa ahora.
Hasta el momento, la Sala Constitucional no cumplió con el traslado, por lo que Quiñónez no ha dado aún su parecer.
La Corte tampoco ha estudiado las recusaciones planteadas contra varios de los ministros de la máxima instancia judicial por ser parte interesada.
Además del rechazo de la acción, Ezequiel Santagada, abogado de Lezcano, solicitó la ampliación de la sala y la intervención de amigos del Tribunal, o amicus curiae.