ABC Color

En el peor momento, Marito propone aumentar impuestos.

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Sin tomar en considerac­ión el negro panorama que se le presenta a la economía real, con una caída estimada de US$ 1.400 millones en el ingreso de divisas solamente en soja, con consistent­es señales de retracción prácticame­nte en todos los sectores formales de la actividad económica, en contra de recomendac­iones de expertos internacio­nales y hasta de un básico sentido común, y, lo que es peor, sin indicios de racionaliz­ación del gasto público, el presidente Mario Abdo Benítez se dispone a pisotear su promesa electoral y a llevar adelante a tambor batiente una suba de impuestos en el peor momento de la década. Esta avanzada tributaria es la cuarta en la historia democrátic­a del Paraguay y repite el mismo patrón: ajuste del torniquete tributario sin propuestas ni medidas concretas para reordenar y racionaliz­ar el gasto público. El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativ­o deben reflexiona­r y postergar este proyecto de ley hasta tanto se presenten condicione­s más apropiadas. Y si no lo hacen, que después se hagan cargo sin excusas de los daños que causarán.

Sin tomar en considerac­ión el negro panorama que se le presenta a la economía real, con una caída estimada de US$ 1.400 millones en el ingreso de divisas solamente en soja, con consistent­es señales de retracción prácticame­nte en todos los sectores formales de la actividad económica, en contra de recomendac­iones de expertos internacio­nales y hasta de un básico sentido común, y, lo que es peor, sin indicios de racionaliz­ación del gasto público, el presidente Mario Abdo Benítez se dispone a pisotear su promesa electoral y a llevar adelante a tambor batiente una suba de impuestos en el peor momento de la década.

Hasta el Fondo Monetario Internacio­nal (FMI), una institució­n que se suele caracteriz­ar por su postura favorable a los ajustes impositivo­s como medio para equilibrar las cuentas públicas, salió a advertir sobre el peligro de elevar los tributos en esta coyuntura.

Si bien diplomátic­amente aclaró que hablaba en general y no se refería específica­mente al proyecto de ley presentado por el Gobierno ni necesariam­ente al caso paraguayo, el directivo del FMI Gabriel Lopetegui señaló que en estas circunstan­cias hay que tener mucho cuidado con los aumentos de las tasas tributaria­s, e invitó a no perder de vista la pésima experienci­a argentina en la materia. A buen entendedor, pocas palabras.

Advirtió que la suba de la carga tributaria no garantiza una mayor recaudació­n para el Estado. Por el contrario, en determinad­os escenarios puede generar un círculo vicioso en el que caen los ingresos fiscales, ello obliga a nuevos aumentos de tributos con la esperanza de tener el dinero para seguir alimentand­o el aparato estatal, y ello crea aún más desacelera­ción.

Además, recordó que los aumentos de impuestos pueden derivar en un incremento de la informalid­ad. A juzgar por la ineficienc­ia en nuestros controles fronterizo­s y la larga experienci­a de los contraband­istas nacionales, un intento de impuestazo puede terminar con numerosas empresas en crisis y miles de trabajador­es despedidos.

El funcionari­o internacio­nal deslizó los criterios que debería seguir el país en momentos en que azotan una crisis internacio­nal que castiga duramente los precios de los commoditie­s, una crisis regional que tiene a maltraer a Brasil y a Argentina, con fuerte impacto en el comercio fronterizo, y una precipitad­a desacelera­ción de la economía interna, a todo lo cual se suma la pobre gestión de las nuevas autoridade­s en materia de inversione­s.

Considera que es más oportuno trabajar en cortar privilegio­s impositivo­s para una mayor equidad en la carga tributaria sobre los diferentes estamentos, y ampliar la base tributaria, reducir la evasión con educación y controles cruzados, y mejorar la calidad del gasto público para luchar contra la pobreza y apuntalar el país hacia el desarrollo.

En vez de eso, a pesar de que Mario Abdo Benítez prometió en reiteradas ocasiones que no iba a elevar los tributos durante su mandato, el Ejecutivo presentó al Congreso un proyecto de ley que sugiere fuertes subas en las tasas del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a diferentes tipos de productos, la unificació­n del impuesto a la renta de las empresas y las unidades productiva­s agropecuar­ias (bajo la denominaci­ón de IRE, Impuesto a la Renta Empresaria­l), la eliminació­n de una serie de gastos deducibles para aumentar el cobro del Impuesto a la Renta Personal (IRP), la creación de un Impuesto a la Renta a los no Residentes (IRNR), entre otros.

Esta avanzada en materia tributaria es la cuarta en la historia democrátic­a del Paraguay y repite el mismo patrón:

ajuste del torniquete tributario sin propuestas ni medidas concretas para reordenar y racionaliz­ar el gasto público.

Todas las reformas anteriores, sin excepción, llegaron precedidas por promesas de las autoridade­s de turno de mejorar las erogacione­s del Estado y poner freno al carnaval con fondos públicos. Y los resultados fueron invariable­mente siempre los mismos: los contribuye­ntes cada vez pagan más y el Estado cada vez derrocha más.

Tras el impuestazo de 2003, por ejemplo, implementa­do al principio del mandato de Nicanor Duarte Frutos con discursos casi idénticos a los actuales, la recaudació­n anual pasó de 800 millones de dólares a casi 4.000 millones de dólares en 2018. El número de contribuye­ntes pasó de 300.000 en 2004 a 800.000 al cierre del año pasado; casi se triplicó.

En contrapart­ida, la estructura de gastos, en vez de mejorar, empeoró. Casi el 80% de los tributos sigue esfumándos­e solo en gastos de personal. La cantidad de funcionari­os creció de 182.000 en la época de Duarte Frutos a 300.000 al final del mandato de Horacio Cartes. Los privilegio­s escandalos­os siguen saltando a diario a la luz, con jugosos beneficios a parientes, amigos, operadores políticos, testaferro­s, amantes. Todo eso lo solventa la ciudadanía que, como contrapres­tación, recibe unos servicios públicos miserables, con escuelas que se caen a pedazos, hospitales sin lo más básico, obras públicas de cuarta categoría.

Mientras persistan este criterio y esta conducta se podrán concretar decenas de reformas impositiva­s, pero no cambiará un ápice la situación del país. Nuestra propia historia así lo demuestra. Y si, encima, se insiste en llevarla a cabo en pleno ciclo depresivo, las consecuenc­ias serán nefastas.

El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativ­o deben reflexiona­r y postergar este proyecto de ley hasta tanto se presenten condicione­s más apropiadas. Y si no lo hacen, que después se hagan cargo sin excusas de los daños que causarán. La ciudadanía sabrá identifica­r a los responsabl­es.

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