Buscan bajar control con “emergencia”
Ante informes divulgados por Contraloría, algunos intendentes buscarían presentar un proyecto de ley que habilite el uso sin control del dinero del Fonacide y los royalties en “emergencias”.
Según trascendió, este objetivo fue debatido días atrás en la reunión de 13 de los 20 intendentes de Cordillera. En dicho encuentro, los jefes municipales se encontraron con el obispo Ricardo Valenzuela, el gobernador Hugo Fleitas (PLRA) y el diputado Roberto González (ANR), para tratar la problemática de los damnificados y afectados por la crecida.
Según el primer informe de la Contraloría General de la República (CGR), de municipios sin rendir los fondos desembolsados de enero a abril de 2019, siete jefes municipales estaban en falta. Tras la publicación del ente y posterior repercusión periodística, todos se pusieron en regla en una semana, salvo dos administraciones.
Llanista protegido
Uno de los intendentes que sigue en falta es el de Mbocayaty, Jacinto González (PLRA, llanista), quien además se encuentra procesado y recientemente evitó por segunda vez ser intervenido en la Cámara de Diputados. No rinde en Royalties más de G. 1.608 millones y en Fonacide G. 811 millones depositados en los últimos meses, según un cruzamiento de Hacienda.
A González los concejales locales también lo denunciaron por lesión de confianza, estafa, falsificación de documento público, entre otros, por la supuesta desaparición de G. 6.426 millones.
Valenzuela
En la misma situación está la Comuna de Valenzuela, cuya intendenta reelecta es Mirta Fernández (PLRA).
La misma sigue escondiendo el uso en royalties de G. 922 millones y de Fonacide G. 274 millones.
Años atrás Fernández fue denunciada por la construcción de aulas en ocho instituciones con dinero del Fonacide que en documentos figuraban como “entregadas”, pero estaban abandonadas y con plazo de conclusión vencido.
Las obras tuvieron un costo superior a G. 538 millones y fueron adjudicadas en julio de 2014 a la Constructora Clase A, representada por Orlando Sosa, según las denuncias y el informe remitido a Hacienda.