El 70% de las instituciones públicas tienen un control interno deficiente
El 70 por ciento de los entes públicos son deficientes en su autocontrol, autogestión y autorregulación, debido a la falta de compromiso de sus autoridades. Esto señala un informe de la Contraloría General entregado al Congreso.
La evaluación tomó como parámetro la Norma de Requisitos Mínimos (NRM) para Sistemas de Control Interno. Esta norma busca definir qué es lo que se debe hacer para asegurar el control un adecuado nivel de control interno, dejando en manos de las instituciones la responsabilidad de decidir “como” esos requisitos serán alcanzados. El esquema definido en esta norma se sustenta en tres ejes esenciales de control interno, que son: autocontrol, autogestión y autorregulación. Estos son considerados los pilares para un efectivo control interno en la administración pública, resalta una parte del documento que el contralor general Camilo Benítez entregó el viernes al presidente del Congreso, al senador liberal Blas Llano.
Se explica en el informe que los niveles de madurez
de control interno son cinco: deficiente, inicial, diseñado, gestionado, optimizado y excelencia. “Según la evaluación desarrollada por la Contraloría, más del 70 por ciento de las instituciones públicas del país se encuentra en el rango de una calificación deficiente. Esto significa que en la gran mayoría
de los entes el control interno no está sistematizado y solo unos pocos elementos están definidos. Este hecho es atribuible a diversos factores, entre los que se encuentran la falta de compromiso de las autoridades superiores de cada institución y de los integrantes de su cuadro directivo”, refiere el órgano contralor.
Declaraciones juradas
Otro aspecto resaltado en el documento es desde que asumió Benítez como titular de la Contraloría se remitieron 56 declaraciones juradas a la Fiscalía a pedido de los fiscales. Antes, el entonces contralor Enrique García exigía a los fiscales una orden de un juez.
Según el informe, de acuerdo al artículo 6° de la Ley 5033/13, que reglamenta el artículo 104 de la Constitución, de la Declaración Jurada de Bienes, rentas, activos y pasivos, de los funcionarios y empleados públicos, entre los deberes y atribuciones de la Contraloría se encuentra la de dictaminar sobre la correspondencia de las declaraciones. En ese contexto, el órgano contralor tiene programado emitir 1.120 dictámenes.
Con respecto a la ley 5282/14, “De libre acceso ciudadano a la información pública”, se elaboraron 72 informes finales, “lo que demuestra la respuesta a los pedidos formulados por la ciudadanía”.
Por otro lado, para el fortalecimiento de los procedimientos de rendición de cuentas del dinero proveniente de Fonacide y royalties, se apuntó que se firmó un convenio con la entidad binacional Yacyretá, que permitirá poner en marcha el proyecto de innovación de procesos de rendición de cuentas y transparencia de la información.
La Contraloría General instó al Congreso para que tenga en cuenta los resultados de las auditorías de los diferentes entes, al momento de la aprobación de sus respectivos presupuestos.