Sandra Quiñónez

Los operadores en prensa de la Fiscalía General están tratando de instalar la idea de que el blanqueo de Javier Zacarías Irún en el caso de enriquecimiento ilícito debe imputarse al Tribunal de Apelaciones de Ciudad del Este y ya están planteando como cuestión usar la vulneración de las jurisdicciones territoriales de los tribunales como remedio.

Es decir, plantean como solución la desinstitucionalización, fórmula en la que coinciden con las recetas del grupo Cartes.

Cualquiera que revise someramente el caso podía saber que, en realidad, la impunidad de Zacarías le fue garantizada, en cambio, no por los jueces, sino por los fiscales.

El abogado Nicolás Russo lo definió perfectamente el viernes en declaraciones al diario Última Hora: “…Russo, uno de los denunciantes por enriquecimiento ilícito contra el senador Ernesto Javier Zacarías Irún, calificó de una trampa perfecta preparada por la fiscala general Sandra Quiñónez para blanquear al senador esteño la acumulación de 3 denuncias nuevas con una causa que ya prescribió, cuya reapertura se solicitó. La Fiscalía había resuelto acumular las denuncias de los abogados Nicolás Russo, Yolanda Paredes y otros, realizadas en el 2018, con otra denuncia presentada por las abogadas Kattya González y María Esther Roa, en junio del año 2017, que había sido desestimada. La desestimación había sido solicitada por la fiscala Yolanda Portillo, debido a que había transcurrido más de 10 años (que es la máxima expectativa de pena por enriquecimiento ilícito) que Zacarías Irún no ejercía la función pública. Los abogados habían planteado en su escrito que las denuncias sean desglosadas e investigadas por separado por la Fiscalía”.

En nuestro sistema penal la Fiscalía tiene el monopolio de la acción procesal, cosa que debemos cambiar, y fueron los fiscales, no los jueces, quienes resolvieron acumular causas nuevas con una causa que había prescrito en el