Los salarios se llevarán el 76% de la recaudación prevista en el PGN 2020
El próximo año se destinará 76% de la recaudación tributaria a financiar el gasto salarial de la administración pública, según el proyecto de presupuesto 2020 que el Ejecutivo puso a consideración del Congreso el último viernes.
La participación salarial va creciendo en cada ejercicio, y es una de las principales críticas que se lanzan desde el sector privado, que reclama una reforma para que el Estado pueda tener un mayor margen de maniobra
para atender las necesidades prioritarias en materia de salud, educación, seguridad e infraestructura.
Este año se prevé que el presupuesto destine 74% de lo recaudado para el gasto salarial, y para el año venidero
sube a 76%, que obedece fundamentalmente al incremento del 16% para docentes y el reajuste del 3,8% para los que ganan el sueldo mínimo, así como para policías y militares.
Esto implica que, de cada
G. 100 de los impuestos pagados por los contribuyentes, G. 76 se destinarán a salarios públicos de la administración central y entes descentralizados que reciben transferencias del Tesoro.
Los datos del Ministerio de Hacienda que acompañan el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2020 revelan que los ingresos tributarios estimados ascienden a G. 25,7 billones (US$ 4.040 millones al cambio presupuestado), pero de este monto G. 19,5 billones (US$ 3.061 millones) irán a cubrir las remuneraciones.
Un eventual aumento para otros sectores que se disponga en el Congreso durante el estudio del proyecto de ley hará que esta relación suba más e impacte en el déficit fiscal de 1,5% del PIB (que está al tope de lo que establece la Ley de Responsabilidad Fiscal), porque no existen recursos adicionales para hacer frente.
Para el ministro de Hacienda, Benigno López, el Estado paga en ciertos sectores mucho mejor que el sector privado, y este último es el que financia pagando los impuestos.
A su criterio, no se puede seguir aumentando los sueldos públicos si no se tiene una nueva estructura salarial y una nueva composición de la calidad del gasto público, algo que también es un reclamo constante del sector privado.
El riesgo está en que los sindicatos consigan, atendiendo el año electoral que vivirá el país, incrementos salariales haciendo lobby ante la Comisión Bicameral de Presupuesto o ante las cámaras. Dentro de los que reclaman una suba está el propio sindicato de profesionales de Hacienda, que pide casi 30% de aumento.