Sigue sin mayor avance la normativa para “leasing”
Persiste la falta de una nueva reglamentación para las 500 embarcaciones que operan bajo la modalidad “leasing”. Eso, pese al decreto del Ejecutivo de mayo último que dispuso una prórroga hasta agosto de los permisos de operación. Ahora se extienden nuevamente los permisos hasta diciembre.
El apoderado de la naviera Atria, de UABL Paraguay, Sergio Brítez, expresó que no se registran avances en la mesa instalada para que el sector privado trabaje con el Gobierno en la nueva reglamentación para las embarcaciones que operan con banderas bajo la modalidad “leasing” (alquiler con derecho a compra). El espacio está liderado por el Ministerio de Obras Públicas, a través del viceministro de Transporte, Pedro Britos.
Brítez indicó ayer a ABC que los representantes del sector privado estuvieron cuatro meses colaborando en el documento y luego se percataron de que fue en vano porque la propuesta enviada al Poder Ejecutivo era otra.
“Ese documento fue rechazado en menos de 24 horas porque tenía puntos inconstitucionales”, explicó. A modo de ejemplo, mencionó que establecía plazos para la vigencia del contrato, lo cual se considera ilegal –es un acuerdo entre las partes– y es justamente el motivo por el cual rige esta situación.
Conforme a los antecedentes, el Decreto N° 4787/16 estableció como máximo hasta tres años la operación bajo esta modalidad, plazo que vencía este año. “Consideramos que estuvimos debatiendo un borrador, cuando en realidad ya tenían uno listo que mantenía los vicios”, opinó el representante de la naviera.
Por otra parte, recordó que tras el anuncio de la naviera de que se inició el análisis para un proceso de cese de actividades y migrar hacia Bolivia, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, al día siguiente firmó una prórroga de 90 días para el permiso de operación (plazo que venció en agosto). La intención era evitar la ida de la empresa, que posee la mayor flota de la región. Esto ocurrió el 24 de mayo.
Ese apuro para impedir la drástica medida habría sido la fuente para un desorden en la redacción “del parche” y, ante la falta de claridad en los términos, la empresa tuvo que pagar por las certificaciones para seguir operando. En ese entonces se instaló una discusión que por tratarse de prórroga no debería abonarse de nuevo, eso sirvió de experiencia para esta prórroga automática.
“En estos momentos hay una nueva prórroga y no vemos avances. De seguir así, no se descarta que en noviembre debamos migrar a Bolivia”, dijo.
Consultado al respecto, el viceministro de Transporte señaló que se trata de una falta de unificación de criterios de las empresas involucradas. “Hay que comprender un poco a cada sector, cada gremio tiene sus criterios y sus posiciones, no todos coinciden”, expresó.