Los 40 “dipuchorros”
Un total de 40 “dipuchorros” salvaron al intendente de San Antonio, Raúl Isaac Mendoza Ramos (liberal llanista), de la intervención de su gestión comunal. Mendoza está acusado por presunta mala utilización de G. 700 millones de los recursos de royalties y Fonacide, según un peritaje del Ministerio Público y ahora se espera que la jueza de Lambaré, Ana Esquivel, aplique la ley como corresponde y eleve la causa a juicio oral y público.
De esa manera quizá lave cara de la justicia paraguaya ensuciada por la pudredumbre.
Los seudo representantes del pueblo en el Congreso Nacional ni siquiera cumplieron su obligación de escuchar los argumentos del pedido, brillantemente expuestos por la legisladora Kattya González (PQ), ni de analizar los documentos. Es notorio que ya todo estaba “cocinado”, “acordado”, “negociado” y solo esperaban el momento de votar por la impunidad. Sí, votaron por la impunidad.
Dan vergüenza estos legisladores que se juntan y pactan para delinquir. Solo voy a mencionar a dos que tienen sobrados motivos para apoyar a un intendente acusado y sospechado de sobrefacturar obras: Esteban Martín Samaniego (Colorado Añetete), exintendente de Quyquyhó, denunciado por un faltante de unos G. 10.000 millones de su gestión al frente de la comuna, que actualmente maneja de manera arbitraria su esposa, Patricia Corvalán, residente en Asunción.
El otro mercenario de la política es Sergio Rojas, cuya esposa, Gloria Patricia Cantero, dueña de una constructora, acapara las obras del Departamento Central y el Chaco paraguayo. Solo en San Antonio, en el 2018 facturó G. 2.000 millones y este 2019 fue adjudicada en forma directa para realizar varias obras.
No en vano la ciudadanía está harta de estos legisladores, que actúan como vulgares “pillos” que se juntan para apañar la corrupción. Es importante identificarlos bien y castigarlos en las urnas porque con toda seguridad volverán a pedir votos para las próximas elecciones.
Además, deberían ser escrachados en todos los lugares a los que acudan para que sientan el rechazo de la ciudadanía por su mal actuar.