Un inservible organismo
El conflicto que mantiene a la Junta Departamental de Itapúa en una suerte de limbo, donde no se sabe si tiene un presidente o dos o si la mesa directiva para el periodo 2019-2020 electa solamente por la bancada colorada es un buen indicativo de la futilidad que tiene este organismo. A la plenaria en la que se renovaron autoridades asistieron 11 de 12 colorados y de un total de 21 miembros del órgano deliberativo.
Hace casi un mes que no se realiza una sesión normal porque un bloque de oposición, que suma 10 concejales (uno de ellos el colorado), no se pone de acuerdo con otro sector (integrado por 11 colorados) en la conformación de la nueva mesa directiva. Este
impasse no tiene ningún efecto.
La Junta Departamental es una figura que se introdujo en la Constitución Nacional de 1992 con la idea de lograr la famosa “descentralización financiera del Estado”. La centralización del manejo de los recursos es uno de los vicios que siempre tuvo y sigue teniendo nuestra República, que hace que todo gire en torno a lo que resuelve, arregla, o se deja de arreglar en la capital del país.
Las 17 gobernaciones, con sus juntas departamentales, en la práctica no son sino la oportunidad para crear puestos políticos y dar ocupación a los operadores y hurreros de los dueños de los grandes partidos tradicionales; prebendarismo puro y duro.
Son apenas unos pasamanos de recursos que el Estado asigna a áreas de gestión administrativa, y muchas veces incluso tienen funciones superpuestas a las de los ministerios.
Se está hablando de introducir reformas a la Constitución de la República, y creo sumamente oportuno revisar esta figura de Gobernación (con su Junta Departamental), que hasta ahora no sirve sino para aumentar inútilmente el gasto público.
Se podría reemplazar las juntas departamentales por una Junta o Concejo Departamental integrado por un concejal municipal de cada distrito del departamento, sin otra remuneración que la dieta que percibe como edil comunal, y que de este Consejo sea electo uno que presida el cuerpo colegiado, con la figura de gobernador.
Serían personas que representan genuinamente a cada municipio, empapadas con los problemas de sus comunidades e interesadas en resolverlos y, lo más relevante, se ahorraría al pueblo miles de millones de guaraníes que se dilapidan al santo botón que podrían ser destinados a cubrir necesidades postergadas.