Las funciones del Consejo se duplican con otras direcciones
La Corte mantiene el Consejo de Administración Judicial a pesar de que sus funciones se duplican con otras direcciones administrativas y financieras del Poder Judicial que fueron creadas por ley. Al año, el alto tribunal desvía G. 4.581 millones en el referido órgano cuya legalidad se pone en duda.
El Consejo de Administración fue creado por acordada N° 865 del 10 de diciembre de 2013. Desde un principio su legalidad se puso en duda, pero pese a ello, los ministros lo mantienen hasta hoy. Se esperaba que con la renovación que se dio en la Corte, los nuevos ministros supriman el CAJ, cuyas funciones se duplican con otras direcciones administrativas del Poder Judicial.
El CAJ, que está integrado por Roberto Torres, exdirector general de administración y finanzas; Luz Antúnez; Alberto Martínez y Edward Vittone, fue creando varias otras dependencias, que luego se fueron llenando de funcionarios con altos sueldos.
Así se creó la Consejería de Auditoría y Control de Gestión Administrativa y Financiera, que anualmente le cuesta al Poder Judicial G. 1.247.288.256, que es salario
de personal.
También está la Consejería en Planificación y Desarrollo, cuyo funcionamiento cuesta anualmente G. 977.912.830 solo en pago de sueldo a funcionarios.
Para la Consejería de Asesoría Jurídica en materia administrativa se destinan G. 865.513.083.
Por último está la Consejería en Administración y Finanzas, que le cuesta a la ciudadanía G. 851.297.826, entre otras dependencias.
Para confirmar que las funciones de las Consejerías están duplicadas, el Poder Judicial ya tiene creado por ley 1.535 de Administración Financiera del Estado, la Dirección de Auditoría y Dirección de Contraloría Interna, la Dirección General de Planificación, la de Asesoría Jurídica en materia administrativa y la Dirección General de Administración y Finanzas, a las cuales se destinan la suma de G. 56.097.430.858 al año para el salario de funcionarios.
Luego de hacer esta comparación no existe ninguna duda, que hay duplicación de funciones. Sin embargo, pese a ello los ministros mantienen el Consejo de Administración Judicial.
Si los G. 4.581 millones salían del bolsillo de los ministros para pagar el sueldo a los funcionarios del Consejo de Administración, jamás hubieran creado el CAJ, ya que para el mismo trabajo ya se tienen las otras direcciones creadas por ley.
Según fuentes judiciales, el ministro Luis María Benítez Riera sería el que defiende la permanencia del Consejo de Administración. La mayoría de los otros integrantes del alto tribunal estaría de acuerdo con su supresión. Empero, hasta ahora nadie se animó a presentar la propuesta para que sea analizada por el pleno.
Mientras, se seguirá destinando un millonario presupuesto al CAJ.