Diputados se abroquelan al mejor estilo mafioso.

En una rauda y bochornosa sesión, los diputados resolvieron por amplias mayorías que los procesados Carlos Portillo (PLRA), Tomás Rivas (ANR) y Ulises Quintana (ANR) sigan deshonrando la Cámara, al rechazar sus respectivas pérdidas de investidura. Se ha visto así que no les interesa que ese cuerpo legislativo sea más o menos “honorable”, sino que se empeñan en que, al concederse protección mutua al mejor estilo de la mafia, se parezca bastante a un vulgar aguantadero. El pueblo paraguayo no se merece una Cámara integrada, en su gran mayoría, por personas indecorosas que transmiten su desprestigio al órgano que integran. Con lo resuelto en la víspera, han vuelto a demostrar, por si aún hacía falta, que ese recinto se distingue por la pobreza moral e intelectual de sus ocupantes. Al menos algunos de los nombres de los tantos que salieron en defensa de Portillo, Rivas y Quintana tendrán que grabarse en la mente de los ciudadanos, para hacerles saber que son personas indeseables que se amparan en sus fueros, en su investidura y en su aberrante espíritu de cuerpo para ensuciar la República.

En una rauda y bochornosa sesión, los diputados resolvieron por amplias mayorías que los procesados Carlos Portillo (PLRA), Tomás Rivas (ANR) y Ulises Quintana (ANR) sigan deshonrando la Cámara, al rechazar sus respectivas pérdidas de investidura. Se ha visto así que no les interesa que ese cuerpo legislativo sea más o menos “honorable”, sino que se empeñan en que, al concederse protección mutua al mejor estilo de la mafia, se parezca bastante a un vulgar aguantadero. Como era previsible, los tres mencionados, por lo demás chicaneros reincidentes, invocaron la presunción de inocencia y negaron con énfasis haber delinquido. Sus colegas, más parecidos a compinches, se dieron por muy satisfechos con sus “elocuentes” palabras.

Nada menos que 39 de ellos –casi la mayoría absoluta– rechazaron la pérdida de investidura del altoparanaense Portillo, imputado por los delitos de tráfico de influencias, cohecho pasivo agravado, soborno y asociación criminal. El paraguariense Rivas, imputado por los hechos punibles de estafa, cobro indebido de honorarios, uso de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso, así como por el de expedición de los mismos, fue protegido por 42 indignos diputados, es decir, por más de la mitad del órgano colegiado. El también altoparanaense Quintana, imputado por los delitos de complicidad en el narcotráfico, asociación criminal, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, fue respaldado por 37 “colegas”.

Tenemos así que el debate sobre si la mayoría requerida para privar de su investidura a un diputado debería ser absoluta o no, previsto para la misma sesión de ayer, hubiera resultado del todo superfluo. En efecto, ninguno de los tres impresentables habría sido expulsado ni aunque se hubiera resuelto que para ello baste con la mayoría de los presentes en la sesión, dado que por la expulsión de Portillo votaron apenas 20 y por las de Rivas y Quintana 19.

Los desenlaces de las inicuas votaciones fueron el resultado de un acuerdo interbancadas, en el que se tuvo en cuenta no solo la filiación partidaria de los susodichos, sino también su pertenencia a un sector interno: el liberal es “efrainista”, en tanto que uno de los colorados es “cartista” y el otro abdista. Se confabularon para ampararse los unos a los otros, según la conocida locución latina do ut des, o sea, “doy para que me des”. O mejor: entre bueyes no hay cornadas.

Algo así ocurrió también no hace mucho cuando salvaron de la intervención a intendentes municipales de uno y otro color, acusados de graves irregularidades. Como se sabe,

también la mafia tiene un espíritu de cuerpo que obliga a sus miembros a apoyarse entre sí cuando las papas queman. Desde luego, varios de los que apoyaron a Portillo también se dedican al tráfico de influencias, de modo que habrán considerado desleal condenarlo por la misma fechoría que ellos cometen. Cuando, en una memorable ocasión, el exsenador Jorge Oviedo Matto insinuó que tenía mucho que decir acerca de sus colegas que pretendían privarle de su investidura, los aludidos prefirieron aceptar su renuncia antes que dar ese paso.

Es presumible que los tres legisladores hoy sentados en el banquillo de los acusados también tengan mucho que contar con respecto a más de un diputado, pues se conocen muy bien unos a otros; son chanchos del mismo chiquero. Que apenas una minoría de los diputados haya creído necesario depurar la Cámara dice mucho acerca de la calidad moral de unos y otros, así como del talante que allí predomina a todas luces. Sería injusto meter a todos sus miembros en la misma bolsa, pero es razonable sostener que la imagen de una institución depende de la índole del grueso de sus integrantes. Ella ya había quedado reflejada, últimamente, en el tratamiento que la Cámara dio al proyecto de ley sobre la publicidad de la declaración jurada de bienes y rentas, así como al referido a la lucha contra el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva. También en estos casos, una amplia mayoría resolvió lo peor para el país, para protegerse a sí misma en el primer caso y, quién sabe, quizás para encubrir a otros, en el segundo.

Lo de Ulises Quintana ilustra el grado de insensatez al que se puede llegar cuando los bribones defienden a uno de los suyos. Se le concedió “permiso” para ir a la cárcel luego de que un juez dispusiera su prisión preventiva por existir serios indicios en su contra, pese a que solo puede otorgarse ese beneficio para que un legislador ocupe un Ministerio o una Embajada. Más aún, estuvo en prisión por orden judicial durante diez meses, tiempo durante el cual carecía del derecho al sufragio activo, según el Código Electoral, pero seguía siendo diputado. El hoy presidente de la Cámara, Pedro Alliana (ANR), dijo que lo del “permiso” había sido un error, pero es de suponer que ya cambió de opinión, en vista del pacto celebrado. La medida de la jueza Magdalena Narváez que dispuso la libertad ambulatoria de Quintana fue anulada por un Tribunal de Apelación, de modo que tendrá que realizarse una nueva audiencia, que Quintana trata de evitar sirviéndose también de las chicanas planteadas por sus presuntos cómplices.

En verdad, el pueblo paraguayo no se merece una Cámara integrada, en su gran mayoría, por personas indecorosas que transmiten su desprestigio al órgano que en mala hora integran. Con lo resuelto en la víspera, han vuelto a demostrar, por si aún hacía falta, que ese recinto se distingue por la pobreza moral e intelectual de sus ocupantes. Al menos algunos de los nombres de los tantos que salieron en defensa de Portillo, Rivas y Quintana tendrán que grabarse en la mente de los ciudadanos que quieren unos representantes dignos y no unos sinvergüenzas. No podrán revocar sus mandatos, pero sí darse el gusto de expresarles su franco repudio allí donde los encuentren, lo cual es necesario, más que nunca. Habrá que hacerles saber que son personas indeseables, que se amparan en sus fueros, en su investidura y en un aberrante espíritu de cuerpo, para ensuciar la República y ofender a la gente de bien. Los ciudadanos y las ciudadanas ya no deben permitir estas repugnantes afrentas a su dignidad.