Falta una “peluqueada”
El senador Patrick Kemper (Hagamos) sugirió una “peluqueada general” al gobierno de Mario Abdo Benítez, ante el bochorno causado por Arrom, Martí y Colmán, atendiendo que los responsables “se están pasando la pelota”. Instó a que se inicie una investigación profunda para que los responsables asuman y se deslinden responsabilidades.
Opinó que “le durmieron a Paraguay” y que irrita saber que las autoridades paraguayas no se percataron de la “jugada” que tenían planeada los tres prófugos, además de saber que no existe un tratado de extradición con Finlandia.
Instó al Jefe de Estado a actuar con firmeza con la Fiscalía, la Procuraduría y la Cancillería y buscar la manera de lavar la cara del país, al tiempo de buscar la manera de traerlos.
El abogado Raúl Mongelós opinó que se cometieron algunos errores en la prosecución del procedimiento a Juan Arrom, Martí y Colmán, resaltando que los dos abogados uruguayos contratados por el Estado paraguayo tenían que estar pendientes y atentos.
Indicó que si bien el sumario se manejó en secreto como estipula la legislación uruguaya, existen las “noticias extrajudiciales” que permiten tener un panorama de cómo avanzan los procesos.
Mongelós manifestó que la responsabilidad procesal recae sobre los dos abogados y la responsabilidad política recae en el Gobierno paraguayo que contrató a los profesionales. “Ellos (por Arrom, Martí y Colmán) fueron más rápidos y hábiles que el Gobierno paraguayo”, agregó.
Para la abogada María Ester Roa, “hay una responsabilidad del gobierno uruguayo, pero tenemos que saber quiénes fallaron. Si fueron los abogados que contrató el Paraguay o fue la Cancillería. No hubo un control en un caso muy importante”.
“La Cancillería, el gobierno, todos debían estar velando por este caso, gente que controle a los uruguayos. Tenemos que preguntar cuánto nos costaron los abogados contratados (US$ 3.000 cada uno de los dos) y qué fue lo que no funcionó, porque algo acá no funcionó jurídicamente por eso se permeó todo esto. La responsabilidad recae sobre la Cancillería, la Procuraduría, los abogados, la gente que tenía la obligación de controlar todo lo que se estaba haciendo y no lo hizo en un caso tan importante”.
El abogado Osvaldo Granada señaló que “hubo una desnaturalización de la nobleza del asilo y el refugio al otorgarles a estos delincuentes comunes (Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán). Ahora quieren incriminar a nuestro Estado que no tuvo nada que ver, esta fue una maniobra, ya que se tenían todos los documentos de la Corte Interamericana (de Derechos Humanos) que demostró que no hubo persecución política contra ellos y que se trata de delincuentes comunes”.
“Acá se evidenció una villanía de estos tipos y que luego quedó al desnudo y con todo eso se les dio la calidad de refugiados que utilizaron para poder huir después. Ellos no son perseguidos políticos, son delincuentes comunes que tuvieron secuestrada a una mujer”, agregó.
El abogado Rubén Galeano aclaró que no conoce las leyes de Uruguay pero sugirió que el Gobierno de Paraguay convoque a su embajador en Montevideo (Rogelio Benítez) y que no permita que vuelva a la capital uruguaya hasta que se aclare todo lo que ocurrió.
Señaló que con el viaje a Finlandia de estas tres personas (Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán) se evidencia que hubo complicidad.
“El gobierno debe dejar una postura clara y que atraiga respeto de los otros países. Me parece que todo el sistema (Cancillería, Procuraduría y gobierno) tenía que hacer un seguimiento de este caso y se durmieron en los laureles al ganar el juicio ante la Corte Interamericana, que fue un hecho muy importante, pero se relajaron”, dijo.