Diputados cierran filas al estilo mafias organizadas
■ EN COMPLICIDAD, ARCHIVARON TRES PEDIDOS DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA ■ ABDISTAS, CARTISTAS Y ALGUNOS LIBERALES SE ALIARON
Cámara Baja decidió abroquelarse y proteger a Carlos Portillo, Tomás Rivas y Ulises Quintana
Los tres “del mismo chiquero” están acusados de tráfico de influencias, estafa y narcotráfico
Excusas para zafar pérdida de investidura son seguridad política, legitimidad y otros etcéteras
Los escrachadores piden que la ciudadanía salga a las calles a reclamar contra el corporativismo
Con la excusa de dar seguridad política, garantías constitucionales, legitimidad a los votos y preservar el principio de inocencia, abdistas, cartistas y algunos liberales sellaron un pacto de impunidad para evitar las expulsiones de Carlos Portillo (PLRA, efrainista), Tomás Rivas (ANR, cartista) y Ulises Quintana (ANR, Añetete).
Colorados abdistas, cartistas y tres diputados liberales resolvieron por una mayoría no mayor a 43 votos en los tres casos, rechazar los pedidos de expulsiones planteados por la oposición, en el caso de Portillo pendiente hace más de un año.
El diputado Carlos Núñez Salinas (ANR, Añetete), el mismo que había sido blanqueado por una declaración falsa para pagar menos impuestos, durante el desarrollo de la sesión extraordinaria –como moción de ordenpidió convocar a otra sesión extra para tratar el “blanqueo” a sus colegas procesados.
Núñez argumentó la posición de las bancadas coloradas y dijo que lo hacía para dar seguridad política, garantías constitucionales para que los legisladores puedan hacer su trabajo.
Luego la discusión giró en torno al procedimiento que utilizarían, precisamente eso debían definir en el punto 12 de la primera sesión y no el tratamiento de los pedidos de expulsiones.
Al titular de Constitucionales, Derlis Maidana (ANR, cartista) ayer no le pareció inconstitucional aplicar el artículo 185 de la Constitución, en el que se plantea aplicar la mayoría simple, es decir la mitad más uno de los presentes.
El líder de la bancada cartista Basilio “Bachi” Núñez, sin embargo, reiteró su deseo de que la pérdida de investidura se aplique por mayoría absoluta (53 de 80).
El diputado Ever Noguera (ANR, Añetete) afirmó que no eran el órgano competente para juzgar a sus colegas y que ello debía definir la Justicia Electoral.
La diputada Celeste Amarilla (PLRA) recordó a sus colegas que cuentan con un Código de Ética y ratificó la competencia de la Cámara como órgano juzgador.
Los tres diputados: Portillo, quien está acusado por supuesto tráfico de influencias; Rivas, imputado por cobro indebido de honorarios, estafa, expedición y uso de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso; y Quintana, acusado por supuesto lavado de dinero y narcotráfico, intentaron confundir a la ciudadanía.
Señalaron que son inocentes y que no se aplica la causal de pérdida de investidura, prevista en el artículo 201 de la Constitución Nacional que cita el uso indebido de influencias, fehacientemente comprobado.
Los diputados señalaron que el proceso que enfrentan está en trámite judicial y que hasta que no exista condena no se los puede expulsar.
Sin embargo, los opositores señalaron en todo momento que la pérdida de investidura es un juicio netamente político, no un juicio jurídico.
Los diputados de Patria Querida y Encuentro Nacional refutaron el descargo de los acusados y pidieron que voten a favor de la expulsión. El único diputado colorado que votó a favor de la pérdida de investidura fue Ramón Romero Roa (ANR, Añetete). Mientras los tres liberales que votaron para que los pedidos vayan al archivo fueron: Portillo (efrainista), Andrés Rojas (independiente) y Salustiano Salinas (efrainista).
Una mayoría de efrainistas y sectores independientes del PLRA, votaron a favor de las expulsiones, otros simplemente no votaron. También votaron por la pérdida de investidura: PPQ, Hagamos y PEN. El diputado Jorge Brítez (Independiente) se abrió solo en la votación contra Quintana.