La voracidad de los legisladores no tiene límites.

Sin previo debate y con un solo voto en contra, el de la diputada Kattya González (PEN), la Cámara de Diputados ratificó su apoyo a un proyecto de ley de reprogramación presupuestaria interna de 2.000 millones de guaraníes, que servirá para cubrir el déficit causado por las numerosas contrataciones de operadores políticos, parientes y amigos de los diputados, que creen poder gastar el dinero de todos como si les perteneciera. Ellas fueron perpetradas bajo la infausta presidencia de Miguel Cuevas (ANR), imputado en julio por enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y declaración jurada falsa de bienes y rentas. Desde luego, malgastó el dinero público a instancias de aquellos colegas suyos que instalaron a sus allegados en el Palacio Legislativo para no hacer nada útil. La desvergüenza con la que se asigna el dinero público, en perjuicio directo de los representados, revela que el interés general es irrelevante para quienes no vacilan en asumir posturas populistas para congraciarse con quienes también desean participar del festín.

Sin previo debate y con un solo voto en contra, el de la diputada Kattya González (PEN), la Cámara de Diputados ratificó su apoyo a un proyecto de ley de reprogramación presupuestaria interna de 2.000 millones de guaraníes, que servirá para cubrir el déficit causado por las numerosas contrataciones de operadores políticos, parientes y amigos de los diputados, que creen poder gastar el dinero de todos como si les perteneciera. Ellas fueron perpetradas bajo la infausta presidencia de Miguel Cuevas (ANR), imputado en julio de este año por enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y declaración jurada falsa de bienes y rentas. Desde luego, malgastó el dinero público a instancias de aquellos colegas suyos que instalaron a sus allegados en el Palacio Legislativo para no hacer nada útil. Aunque a estas alturas ya resulte ocioso, es de recordar que la Ley N° 1626/00 dice que los organismos del Estado pueden contratar a personas físicas solo para “atender necesidades temporales de excepcional importancia para la comunidad, que sean afines a sus objetivos y a los requerimientos de un mejor servicio”. Ellas son las siguientes: “combatir brotes epidémicos; realizar censos, encuestas o eventos electorales; atender situaciones de emergencia pública; y ejecutar servicios profesionales especializados”. Evidentemente, ninguna de estas exigencias existió, pero los agraciados siguen en sus cargos y con la posibilidad real de que sean confirmados. Estamos así en presencia de algo totalmente ilegal. En efecto, en el caso referido, la única necesidad temporal de excepcional importancia, pero no para la comunidad sino para los diputados, fue la de realizar eventos electorales, es decir, juntar votos para ellos en los comicios internos y generales. Que las contrataciones sean ilícitas y que se malgaste el dinero público les importan un bledo. A quien presidió la Cámara le tuvo sin cuidado que la misma normativa, que no rige para los legisladores, califique de “falta grave” el hecho de “nombrar o contratar funcionarios en transgresión a lo dispuesto en esta ley y sus reglamentos”. Pero más allá de que en el Palacio Legislativo se viole una ley allí sancionada, es indignante que con toda ligereza se genere un “agujero”, en el de por sí ya dispendioso Presupuesto de la Cámara, para atender miserables intereses particulares. Porque de eso se trata: servirse del dinero público no solo para ahorrar combustible, pegarse algún viajecito al exterior o acogerse a una jubilación privilegiada, sino también para atender las demandas de los paniaguados. Al defender la reprogramación, la célebre diputada Cristina Villalba (ANR), presidenta de la Comisión de Presupuesto de la Cámara, se limitó a señalar que servirá para pagar bonificaciones a policías asignados al Congreso, jornales y honorarios profesionales. En cuanto al primer dispendio, cabe apuntar que 234 agentes policiales sirven hoy de guardaespaldas a 84 parlamentarios, a un costo que este año llegará a 2.176.800.000 guaraníes. Es probable que tengan muchos enemigos personales, por razones comprensibles, pero parece excesivo que esos representantes del pueblo estén tan protegidos a costa del bien común y de la tan mentada responsabilidad fiscal. La distinción entre “jornales y honorarios profesionales” responde a la que existe entre simples operadores políticos barriales y familiares o amigos que merecerían un mejor trato salarial. No es ninguna novedad que los parlamentarios estén muy lejos de ser unos celosos custodios del dinero de los contribuyentes. Lo nuevo en el caso comentado es que los senadores habían rechazado la reprogramación, atribuyéndole el propósito de “blanquear” la deplorable gestión de Cuevas. Habrá que ver si el Senado logrará la mayoría necesaria para desechar definitivamente el bochornoso proyecto de ley, ratificado por una Cámara presidida por el diputado Pedro Alliana (ANR), quien también estuvo en la última Cumbre de Poderes para charlar sobre la necesidad de controlar el gasto público. La desvergüenza con la que se asigna el dinero público, en perjuicio directo de los representados, revela que el interés general es irrelevante para quienes no vacilan en asumir posturas populistas para congraciarse con quienes también desean participar en el festín. El problema radica en que el erario no es inagotable y que para cubrir el déficit habrá que endeudar al país, aumentar la carga tributaria o recurrir a la emisión monetaria inorgánica. Hasta se podría modificar la Ley de Responsabilidad Fiscal para elevar el tope del déficit, pero ni hablar de reducir el aparato estatal o ignorar las exigencias salariales del personal público. Podrán faltar medicamentos e insumos en los hospitales, pero los sueldos, las bonificaciones y las gratificaciones de funcionarios y contratados deben ir aumentando aunque consuman el 76% de los ingresos tributarios. Son notables la caradurez y la voracidad de los legisladores, en especial, las de los diputados. Con todo desparpajo se valen del Presupuesto de la Cámara para otorgar prebendas, hasta el punto de que la distribución de “cupos” es una práctica consuetudinaria y hasta exigible. Al inicio de cada periodo legislativo se renueva el compromiso con el pueblo paraguayo y cada vez se comprueba que se trata de un solemne embuste. Con la calidad moral de la gran mayoría de los congresistas, sería ingenuo esperar que contribuyan a la regeneración institucional del país. Para que ello ocurra, tendrían que irse a sus casas, para lo cual es imprescindible que la ciudadanía se movilice y los castigue con sus votos.