Essap quiere aplicar tarifa normal a varios moradores de la Costanera I
La Essap detectó que varios residentes de la villa de la Costanera I no reunen los requisitos para acogerse a la tarifa social, porque su nivel económico supera el estándar establecido, según fuentes de la estatal. En un recorrido por la villa notamos importantes inversiones en las remodelaciones de varias casas del complejo.
La Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap) quiere aplicar tarifa normal a más de 30 residentes del complejo habitacional General Santos, porque considera que tienen un nivel económico que no corresponde a los estándares establecidos para los ciudadanos pobres y pobres extremos que acceden a subsidios del Estado.
En un recorrido mañanero por el barrio, el viernes último, constatamos que varias viviendas fueron totalmente modificadas. Tienen nuevas construcciones en los pequeños espacios verdes que se les había dejado. Logramos dialogar solo con algunos moradores, porque la mayoría se encontraba fuera de casa o estaba durmiendo aún.
Pelagio Báez, enfermo del corazón, subsiste mediante un pequeño negocio que abrió en su casa, que sigue igual como se la entregaron hace cinco años. Reconoce que muchos de sus vecinos tienen un buen pasar económico.
Juana Giménez, otra moradora del barrio, amplió su casa porque viven con ella sus familiares que le ayudan en el mantenimiento, explicó a nuestro diario. Comentó que la última factura de Essap fue de G. 50.000
Las viviendas sociales del complejo General Santos construyó el gobierno de Fernando Lugo para las familias chacariteñas afectadas por el proyecto de la Costanera I, en 2011. Habían sido seleccionadas por funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y la Municipalidad de Asunción y luego se hizo un sorteo público para la adjudicación.
En 2014 estas familias empezaron a ocupar las viviendas (112 en total) en las que el Estado invirtió unos G. 28.000 millones. Cada casa costó G. 142 millones. En 2015 completaron la mudanza.
Nuestro diario publicó hace un año que varios de los residentes del complejo habitacional alquilaban su vivienda a terceros para conseguir ingresos extras, pero el arrendamiento (también la venta) está prohibido en el contrato del subsidio estatal.