Queda en evidencia estafa programada en Aña Cua.
Tras la reciente apertura de sobres de la licitación pública binacional para la contratación de servicios de inspección y fiscalización de la construcción y equipamiento de la central hidroeléctrica de Aña Cua, realizada en Buenos Aires, el jefe administrativo paraguayo de la EBY, Ing. Alejandro Takahasi, informó que en esta sola licitación, de un costo referencial de US$ 20 millones, se obtuvo una oferta de US$ 11 millones, obteniéndose así un significativo ahorro. Con esto, en las cinco licitaciones ya llevadas a cabo con vistas a la concreción del citado proyecto se estima también que se conseguirá un importante ahorro global en relación a la cifra estimada por el Ing. Ángel María Recalde, director paraguayo de la entidad durante el Gobierno de Horacio Cartes. O sea que de US$ 600.900.000 cayó a US$ 329.376.078, con lo que el costo unitario de potencia instalada de la central proyectada pasaría a ser US$ 1.219,9/MW en vez del ratio de 2.177/MW como inicialmente estaba previsto. Es preciso recuperar las entidades binacionales para beneficio de nuestro país.
Tras participar del acto de la última apertura de sobres correspondiente a la Licitación Pública Binacional N° 722 para la contratación de servicios de inspección y fiscalización de la construcción y equipamiento de la central hidroeléctrica de Aña Cua, llevado a cabo en Buenos Aires el pasado 16 de los corrientes, el jefe administrativo paraguayo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), ingeniero Alejandro Takahasi, informó que en esta sola licitación, de un costo referencial de US$ 20 millones, se obtuvo una oferta de US$ 11 millones, obteniéndose así un significativo ahorro.
Con esto, en las cinco licitaciones ya llevadas a cabo con vistas a la concreción del citado proyecto (que aún no cuenta con una fuente de financiación definida) se estima también que se conseguirá un importante ahorro global en relación con la cifra estimada oficialmente por el director paraguayo de la entidad durante el gobierno del presidente Horacio Cartes ,el ingeniero Ángel María Recalde. O sea, de US$ 600.900.000 cayó a US$ 329.376.078, con lo que el costo unitario de potencia instalada de la central proyectada como un anexo a la usina principal de Yacyretá, aunque no prevista en el Anexo B del Tratado, pasaría a ser de US$ 1.219,9/MW en vez del ratio de US$ 2.177/MW como inicialmente estaba previsto por el director Ejecutivo paraguayo de ese tiempo.
A propósito, en un comentario editorial del domingo 20 de mayo del año pasado, premonitoriamente ABC Color advertía a la opinión pública nacional que los gobiernos de Horacio Cartes y de Mauricio Macri podrían estar en camino de convertir a la central de Aña Cua en un anexo al “monumento a la corrupción” –como tildara a la central principal el expresidente argentino Carlos Saúl Menem– antes que en un provechoso refuerzo de su capacidad de generación. Decíamos al respecto:
“De entrada, y a rajatabla, el Gobierno paraguayo debe exigir que la relación del costo total de la usina versus su potencia de generación eléctrica se inserte dentro de los costos de usinas hidroeléctricas similares de países de la región. Vale decir, entre US$ 900/MW, de la usina de Pescadero Ituango de Colombia, y US$ 1.707/MW, de la Hidrosogamoso, del mismo país. Alertamos sobre esto, porque por de pronto la previsión de costo de Aña Cua, con una potencia instalada de 270 MW, es de unos US$ 600 millones, lo que da un ratio de costo/potencia de US$ 2.222/MW, sospechosamente muy por encima de las similares construidas hasta ahora en Colombia, Ecuador, Chile y Brasil. Si promediamos el costo de las precedentemente citadas centrales, tenemos US$ 1.330/MW. Quiere decir que la de Aña Cua tiene un sobrecosto que ronda los US$ 1.707/MW (superior al 50%), absolutamente inaceptable. Ante estas contundentes realidades, veremos el coraje y patriotismo que demuestre el presidente electo, Mario Abdo Benítez, cuando tenga la lapicera en la mano, para reclamar ante nuestros angurrientos socios lo que legítimamente le corresponde al Paraguay”.
El director paraguayo, Nicanor Duarte Frutos, había prometido transparencia y honestidad en cuanto a los costos reales que resultaren de las licitaciones. Al respecto, nuestro diario sostuvo en otro comentario editorial que su promesa sería convalidada por la opinión pública cuando las adjudicaciones de los diferentes contratos fueran realizadas a las más bajas ofertas, habida cuenta de que las credenciales de los oferentes fueron convenientemente precalificadas. El director general paraguayo ha cumplido con su promesa en este caso particular y merece reconocimiento. Ojalá que esa actitud la mantenga hasta el fin de su gestión, no solo en lo relativo a la construcción de la central de Aña Cua, sino fundamentalmente en la administración de la catástrofe hasta ahora no mitigada de la EBY, producida con la aprobación de la nota reversal N° 2/17, del Acuerdo Cartes-Macri, que en esencia convalida la nefasta nota reversal del 9 de enero de 1992, por la que el Gobierno del general Andrés Rodríguez virtualmente entregó la administración de la EBY al Gobierno argentino para administrarla como si fuera una dependencia del Estado, como en efecto lo viene haciendo hasta ahora, ignorando olímpicamente el rechazo de la misma por el Congreso paraguayo, merced a la traidora condescendencia de los gobiernos paraguayos que sucedieron al del citado militar fallecido.
En tal sentido, lo que es de esperar es que Duarte Frutos apoye la derogación de la citada nota reversal. Lamentablemente, hasta ahora, el expresidente de la República viene guardando un silencio cómplice al respecto de la delicada cuestión, lo que deja a mitad de camino su promesa de patriotismo y honestidad al frente de la EBY.
Es preciso recuperar las entidades binacionales para beneficio de nuestro país, y que no sean utilizadas como moneda de cambio en oscuras transacciones para beneficio personal de las autoridades de turno y los negociadores.