Hay una investigación fiscal en curso
A la par que el Ministerio de Hacienda pidió el embargo de los bienes de Ramón González Daher, en la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción existe una carpeta fiscal abierta en la que se está investigando a Ramón, su esposa Delcia Karjallo de González, y el hijo de ambos Fernando Ramón, por supuestos hechos de usura y lavado de dinero.
El caso está a cargo del fiscal Osmar Legal, quien aparece en uno de los tantos audios filtrados del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) cuando conversaba con el acusado exsecretario del JEM Raúl Fernández Lippmann. Legal era entonces secretario del juez penal de Garantías Alcides Corbeta, para tratar de lograr que un joven procesado por tráfico de drogas sea beneficiado con medidas alternativas a la prisión.
El 21 de agosto último la fiscala Liliana Alcaraz puso a conocimiento de la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos que en la causa en que ella está investigando al acusado exsenador Óscar González Daher (ANR, cartista) y a su hijo el concejal de Luque Ramón González Chaves (ANR, cartista), por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y declaración falsa, encontró que entre los años 2013 y 2017 solo Ramón González Daher declaró ante la Secretaría de Estado de Tributación ingresos de G. 8 billones.
Por ese motivo, solicitó que se desglose la causa principal, que ya está llegando a su etapa final de juicio oral y público, para que se investigue otra ramificación en la que aparecen Ramón González Daher, su esposa e hijo en nuevos hechos que podrían revestir delitos.
El 27 de agosto pasado la fiscala adjunta de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, Soledad Machuca, designó al fiscal Osmar Legal para que sea el encargado de llevar adelante la pesquisa contra los González Karjallo.
Se están por cumplir dos meses de este hecho y hasta el momento prosigue la investigación, pero no se conocen los detalles de la misma. No hay informes si ya se llamó a declarar a los investigados o si se realizaron otras diligencias.
Legal, al final de su trabajo, tiene que imputar a los investigados o pedir el archivamiento del caso.
Teniendo en cuenta el sospechoso vínculo que tiene el fiscal con el acusado Fernández Lippmann, hace suponer que no hay independencia en su labor.