Los ministros deben aclarar, dice Víctor Ríos
El senador Víctor Ríos (PLRA) manifestó que los funcionarios de este Gobierno cuyas declaraciones juradas de bienes fueron observadas por la Contraloría General de la República deben aclarar su situación porque lo que en definitiva dice esa institución es que cometieron delito.
Expresó que le preocupaba que algunos de los señalados por la Contraloría pudieron haber cometido simplemente una equivocación sobre la consignación de su patrimonio y, entonces, las consecuencias políticas que están soportando son exageradas.
Ríos indicó además que quien hace la observación (la Contraloría) es un órgano del Estado presidido por alguien que responde al oficialismo. Por ese motivo, el resto de la sociedad tiene derecho a pensar que hay algo ilícito que debe ser investigado, señaló Ríos. Agregó que es “verdaderamente preocupante”.
Patrimonio
En relación con su declaración jurada de bienes y rentas, el senador Ríos dijo que la presenta todos los años y que inclusive ahora existe una disposición de la Contraloría para docentes universitarios, por lo cual la volvió a presentar.
El legislador, ante una consulta, refirió no recordar a cuánto asciende su patrimonio actualmente, pero desestimó que pase los G. 1.000 millones.
Señaló que el único inmueble que tiene es el de sus padres y ellos hicieron una distribución anticipada de herencia, con lo cual la propiedad está repartida entre todos los hermanos.
También indicó Ríos que poseía un solo automóvil, pero que siguen figurando a su nombre varios que ya fueron vendidos por él y que debido al engorroso trámite de transferencia figuran todavía como suyos.
Puntualizó que él está usando realmente un solo vehículo, pero declara también los otros por el hecho de que sigue figurando como el propietario.
Aclaró que son todos vehículos usados que él compró ya en esa condición y que luego vendió a otras personas.
Ríos, además de su cargo de senador es rector de la Universidad Nacional de Pilar. Está en proceso de estudio un proyecto de ley para prohibir esta doble condición por considerarse que la de rector no es extrictamente una función docente sino administrativa.