Se debe sepultar la nociva ley que pone topes a tarjetas de crédito.
Es plausible que la Comisión Especial de Economía de la Cámara de Diputados proponga una serie de medidas de corto y mediano plazo para reactivar la economía y que entre ellas figure la derogación de los arts. 9° y 10° de la infausta Ley N° 5476/15, “que fija normas de transparencia y defensa al usuario en la utilización de tarjetas de crédito y débito”, aunque lo mejor sería sepultarla de una vez por todas, tal como lo hemos venido sosteniendo desde el principio. La primera de las disposiciones citadas prohíbe que los intereses por el uso de las tarjetas de crédito superen el triple del promedio de las tasas pasivas vigentes en el mercado, y la segunda ordena que el BCP regule, entre otras cosas, el porcentaje máximo de las comisiones de las operadoras y los emisores sobre lo cobrado a los comercios adheridos por los servicios de intermediación a través de tarjeta de crédito y débito. Los efectos de dichas disposiciones no han favorecido en absoluto ni a los comerciantes ni a los consumidores.
Es plausible que la Comisión Especial de Economía de la Cámara de Diputados proponga una serie de medidas de corto y mediano plazo para reactivar la economía y que entre ellas figure la derogación de los arts. 9º y 10º de la infausta Ley Nº 5476/15, “que fija normas de transparencia y defensa al usuario en la utilización de tarjetas de crédito y débito”, aunque lo mejor sería sepultarla de una vez por todas, tal como lo hemos venido sosteniendo desde un principio. La primera de las disposiciones citadas prohíbe que los intereses por el uso de las tarjetas de crédito superen el triple del promedio de las tasas pasivas vigentes en el mercado, y la segunda ordena que el Banco Central del Paraguay (BCP) regule, entre otras cosas, el porcentaje máximo de las comisiones de las operadoras y los emisores sobre lo cobrado a los comercios adheridos por los servicios de intermediación a través de tarjetas de crédito y débito.
Los efectos de dichas disposiciones no han favorecido en absoluto ni a los comerciantes ni a los consumidores,
supuestos beneficiarios de un engendro populista contrario al art. 107 de la Constitución, que garantiza la competencia en el mercado y del que se desprende que las tasas de interés deben resultar del libre juego de la oferta y la demanda. Al contrario, el desatino en cuestión hizo que en los últimos cuatro años se hayan desaprovechado unos 433.000 millones de guaraníes para financiar adquisiciones, que los vendedores hayan perdido ingresos por valor de más de 882.000 millones de guaraníes y que los usuarios de las tarjetas de crédito, que venían abonando una tasa del 45%, se hayan visto forzados a recurrir a unas “casas de préstamo” que cobran intereses de hasta el 90%,
sin control alguno del BCP.
En concreto, datos oficiales revelaron que, desde el 2015 a la fecha, el número de tarjetas de crédito en circulación se había reducido en nada menos que 350.000. Es decir, decenas de miles de compatriotas se habrían visto obligados a recurrir a prestamistas abusivos. Perdieron los emisores de las tarjetas de crédito, sus usuarios y los comerciantes, porque el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones, como las que quiso mostrar el senador Derlis Osorio (ANR, cartista) –exintendente capiateño y exministro de Justicia y Trabajo– al presentar el proyecto de ley aprobado por la gran mayoría del Congreso y no objetado por el Poder Ejecutivo, pese a que un informe técnico del BCP ya previó lo que llegó a ocurrir,
es decir, que el tope impuesto a la tasa de interés iba a impedir que los usuarios de bajos ingresos obtengan créditos de los operadores financieros formales.
Antes de concretar esta nefasta medida, no se realizó ninguna audiencia pública ni las comisiones permanentes asesoras de ambas Cámaras pidieron la opinión de las entidades financieras. Tras darse cuenta del disparate perpetrado, el mismo proyectista propuso –inútilmente– que la tasa de interés legal fuera superior al 15% –el triple de la tasa promedio–, pero sin superar el 30%.
Además de los usureros, que proliferaron hasta poseer hoy unas 270 casas de crédito, mientras que antes de la vigencia de la insensata ley eran 65, también salieron ganando los sectores de mayores ingresos, pues para impedir que disminuya aún más la cantidad de tarjetas de crédito, los bancos volvieron a emitirlas y a promocionar las compras a cuotas sin intereses, limitando el alcance de sus campañas a los clientes de mayor poder adquisitivo. Así como el control de precios suele provocar el desabastecimiento y el auge del mercado negro, lo que ha hecho la irresponsable Ley Nº 5476/15 al limitar la tasa de interés de las tarjetas de crédito es arrojar a los pequeños usuarios en brazos de voraces prestamistas.
Alegra constatar que los miembros de la Comisión Especial de Economía hayan reflexionado sobre el grave asunto y propongan, al menos, la derogación de dos normas claramente nocivas para nuestra economía. Como la ley no puede obligar a las entidades fiscalizadas por el BCP a emitir tarjetas de crédito en condiciones desfavorables para ellas, lo sensato sería que, respetando la Constitución, compitan entre sí para ofrecerlas a los potenciales usuarios en condiciones atractivas. La libre competencia también debe regir en cuanto al porcentaje de las comisiones que ellas cobren a los comercios que acepten tarjetas de crédito y débito. Que cada una de ellas fije las reglas de juego que, a su juicio, sean las mejores para atraer clientes, sabiendo que si fueran excesivas no serían aceptadas y que habría alternativas en el mercado. O sea que lo importante es que no se forme un cártel y que los comercios puedan elegir entre los emisores, según sus respectivas ofertas.
El mercado negro ya está demasiado extendido como para seguir fomentándolo mediante medidas que restringen la libre competencia y que no solo perjudican al público, sino también al fisco, en tanto en cuanto les priva de ingresos regulares. Es preciso derogar todas aquellas que tengan esos efectos nocivos, que vulneran la letra y el espíritu de la Carta Magna, so pretexto de proteger a la población. “Hay amores que matan”, como el de los demagogos que se las dan de defensores del pueblo y promueven disparates engañosos que mucho les perjudican. Es imperioso acabar cuanto antes con la absurda Ley Nº 5476/15 porque resulta nociva para la población y contraria a la Ley Suprema. Este desatino mayúsculo debe ser eliminado no solo porque es necesario reactivar la economía, sino también porque ofende al sentido común, promueve la usura y perjudica a los comerciantes.