Detonaciones controladas
Las últimas bombas caídas en el escenario político paraguayo, provenientes del Brasil y de EE.UU., fueron evidentemente detonaciones controladas ya que no provocaron los estropicios que podían producir, de haber sido más contundentes.
La duda que surge es si, en el caso que involucra a Darío Messer y Horacio Cartes, la Justicia brasileña está dando a conocer todas las evidencias que tiene o si deliberadamente oculta algo más.
Esta última presunción se enmarcaría dentro de un plan con objetivos diversos. Puede que la intención no sea quitar definitivamente del medio al expresidente Horacio Cartes pero sí causarle un daño que lo haga perder paulatinamente posibilidad de influencia en el ambiente político paraguayo.
Algunos consideran que la iniciativa brasileña tiene, sobre todo, un trasfondo económico, por el perjuicio que les causa el contrabando masivo de cigarrillos desde nuestro país.
Otros lo ven como una ayuda más de Bolsonaro al “amigo Marito”, similar a aquella vuelta atrás en el Acta Bilateral de Itaipú que casi le costó el cargo al mandatario paraguayo. El favor se cobraría a futuro, tal vez con algunos beneficios sustanciosos al vecino país, vinculados a las negociaciones en el 2023 sobre la hidroeléctrica binacional.
Puede que sea también una mezcla de ambas cuestiones, políticas y económicas y revelarían el nivel de dependencia del actual mandatario de algunos amigos extraterritoriales poderosos, que vienen a suplir su debilidad interna.
El caso en el que está inmerso el expresidente Cartes tiene además otras complejidades, como lo demuestra el hecho de que el presidente de la Asociación Rural del Paraguay Luis Villasanti haya salido a defender públicamente al líder de Honor Colorado, advirtiendo que su situación afecta al sector ganadero y calificándolo como “un trabajador del campo”.
Es probable que la eventual prisión o extradición de HC motive algún cimbronazo político y económico, cuestión que, seguramente es motivo de evaluación en las decisiones de Estado que se toman en la región.
La otra bomba que cayó en el territorio político paraguayo es el apresamiento en New Jersey, Estados Unidos, de la exdiputada colorada y precandidata a intendenta capitalina Cynthia Tarragó.
La información dice que el FBI investigaba a la exlegisladora, utilizando hasta a agentes encubiertos en nuestro territorio, desde hace más de un año y que el objetivo era desmantelar una red de lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
Hasta ahora, de la mencionada red, que seguramente incluye a instituciones bancarias, funcionarios, empresarios y protección política, casi nada ha trascendido.
El Ministerio Público de nuestro país, aparentemente, no manejaba información sobre lo investigado y no parece muy interesado en manejarla.
Se levantaron algunas dudas respecto a la actuación de la fiscala general del Estado Sandra Quiñónez. El hecho es que ella debe su cargo al expresidente Cartes y eso puede explicar suficientemente su desinterés sobre ciertos casos.
Se nota demás un sugestivo interés de parte de los abogados del expresidente para que sea investigado en nuestro país. Evidentemente, tienen una gran confianza en la Justicia paraguaya.
Existe ahora una tibia movida para el enjuiciamiento político de Quiñónez. Sin embargo, la iniciativa no irá a mayores si no hay predisposición del Poder Ejecutivo para impulsarlo.
Los efectos políticos en el país por las acusaciones contra Cartes se comenzarán a ver realmente a medida que nos acerquemos a las fechas de elecciones, el año próximo. Pero, seguramente, reconfigurarán el mapa político colorado y nacional.