Sancionan expropiación a favor de pueblos indígenas
La Cámara de Diputados sancionó ayer un proyecto de ley que expropia una franja de 33 km lineales que cruzan tres propiedades en el departamento de Villa Hayes. Serán destinadas a la construcción de caminos de todo tiempo para facilitar el acceso a tres comunidades indígenas de unas 200 familias.
Con la promulgación de la norma, nuestro país dará cumplimiento a las sentencias nacionales e internacionales sobre fondo, reparaciones y costas recaídas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en beneficio de la comunidad indígena Yakye Axa (2005), el acuerdo amistoso alcanzado ante la Comisión Interamericana de Derechos; en beneficio de la comunidad indígena Kelyenmagategma (2011).
También, darán cumplimiento a la sentencia recaída ante el órgano jurisdiccional competente de la República del Paraguay en beneficio de la comunidad indígena Payseymamexiempa’a.
La diputada por Central Kattya González (PEN) pidió a sus colegas dar la posibilidad a las comunidades indígenas para que puedan acceder a salud y educación sin obstáculos. Asimismo, dijo que darán cumplimiento a sentencias locales e internacionales.
La diputada de Alto Paraguay Marlene Ocampos (ANR, Añetete) señaló que la expropiación será mínima y que afectará fracciones de tierras de la Ganadera Vista
Alegre y Mago SA para ser destinadas a la construcción de un camino vecinal que estará a cargo del Ministerio de Obras Públicas.
El diputado por Canindeyú el acusado Teófilo Espínola (PLRA, efrainista) indicó que no pueden seguir postergando la construcción del camino, que ya data del 2006 y se encuentra en una instancia judicial. Mencionó que las comunidades indígenas no pudieron acceder a las tierras ancestrales, pero que con un acuerdo con el Gobierno accedieron a ocupar unas tierras de 12.000 hectáreas, que no pueden usufructuar por la ausencia de caminos.
Una acción de servidumbre de paso fue presentada en diciembre de 2017, otorgándose, incluso una medida cautelar de urgencia. Sin embargo, la justicia sigue sin expedirse y hace que el proceso judicial demore y culmine el 2019 sin una resolución de primera instancia. Para que quede firme alguna resolución, de salir favorable, se estaría demorando por varios años más. No prosperó la intención de la diputada de Asunción Celeste Amarilla (PLRA) de incluir que la norma sancionada quedaba a las resultas del juicio.
La Cámara de Diputados no logró reunir 53 votos para mantener su rechazo y terminó por sancionar ayer el proyecto de ley que regula el uso de dispositivos móviles en instituciones educativas, públicas privadas y privadas subvencionadas en los niveles de educación inicial, educación escolar básica y educación media.
La comisión de Legislación, presidida por el diputado Jorge Ávalos Mariño (PLRA) aconsejó el rechazo de la norma. El legislador mencionó que el proyecto de ley no regula nada y solo establece que las instituciones habiliten un lugar para almacenar los celulares. Los alumnos podrán utilizarlos cuando se trate de uso pedagógico de las tecnologías en las aulas o cuando tenga alguna dificultad que amerite.
Diputados de varios sectores consideraron que la norma es inaplicable, incluso la diputada Rocío Vallejo
(PPQ) resaltó que existe una resolución del Ministerio de Educación 682/11 que habla del uso de los aparatos móviles en el aula. Muchos consideraron que con la disposición del MEC se estaba “sobrelegislando”.
Sin embargo, la resolución del MEC es más amplia y señala: que los aparatos celulares u otros medios tecnológicos, podrán utilizarse en horas de clase y de evaluaciones, toda vez que la planificación docente lo contemple o cuando las exigencias curriculares lo permitan, al sólo efecto de la investigación o fines académicos; en caso contrario deberán estar apagados o en modo de silencio a fin de evitar su interferencia en el proceso de aprendizaje.
Asimismo, podrán ser utilizados en el predio de la institución escolar antes de la entrada al aula, en los recesos y en el tiempo libre, siempre que su uso no atente contra la dignidad.