Concejales presentan siete posibles causales para intervenir Concepción
La Junta Municipal de Concepción presentó siete posibles causales de intervención a la gestión de Alejandro Urbieta (PLRA), en la que denuncian obras fantasmas, demandas judiciales, entre otras irregularidades.
El principal cuestionamiento al intendente Urbieta habla de una autorización que solicitó a la Junta Municipal para obtener un préstamo de dinero bajo el argumento de que la municipalidad tenía una baja recaudación, pero que muy por el contrario obtuvo un incremento de G. 2.500 millones en su presupuesto para el 2020.
Asimismo, mencionan que son graves los indicios de la comisión de delitos y pruebas contundentes de su falta de idoneidad para el cargo, prueba de mal desempeño de funciones.
Refieren que el siete de marzo del 2016, el intendente solicitó a la Junta Municipal la autorización para realizar un préstamo de G. 4.482 millones, fundado el pedido en la extrema necesidad de los barrios de contar con desagües pluviales. Sin embargo, los concejales mencionan que una vez que obtuvieron el dinero tuvieron un destino incierto.
Afirman que solo se sabe que con los recursos se pagaron salarios por un valor de G. 623 millones y honorarios por G. 23 millones. (Ver infografía).
En el segundo punto señalan que con parte del préstamo, Vicente Vergara Negrette facturó a la comisión vecinal barrio Primavera por un monto total de G. 566.192.000, por supuestas obras de desagüe pluvial. Indican los concejales que aunque era cierto el destino que debía tener el préstamo, las obras no cuentan con el proyecto del ejecutivo aprobado por la Municipalidad de Concepción.
Cuestionan cómo se pudo haber desembolsado el dinero sin saber a cabalidad qué es lo que se pagaba. También expresan como causal de posible intervención las numerosas demandas judiciales que fueron una consecuencia de los despidos injustificados de funcionarios municipales, sin antes haber sido sumariados, además del pago de indemnizaciones. Añaden que se encuentran embargados, en proceso de ejecución las sentencias
laborales, y sobre los inmuebles de la Municipalidad señalan la existencia de un dudoso acuerdo con los propietarios de la estancia Ybu.
Objetan que el intendente se niegue a responder los pedidos de informes que fueron requeridos por la Junta Municipal y la ciudadanía.