Percepción versus realidad
El índice de percepción de la corrupción (IPC) elaborado por la ONG Transparencia Internacional, que tiene su matriz en Alemania, es obtenido mediante encuestas realizadas por renombradas instituciones a empresarios, analistas y expertos de todo el mundo y de cada país, respecto al grado en que perciben la corrupción que existe entre los funcionarios públicos y políticos locales, cuyos resultados después de ser clasificados son dados a conocer a la opinión pública mundial con la finalidad de que se genere conciencia y se busque la manera de combatirla efectivamente.
La definición de corrupción utilizada para dicho índice es la que se refiere al abuso de los cargos públicos para beneficio privado del que la comete, que abarca desde la aceptación de sobornos para favorecer a oferentes de servicios y obras para el gobierno central u organismos descentralizados y autárquicos, hasta artimañas para apoderarse de fondos públicos mediante sobrefacturaciones, contratos amañados a favor de parientes o grupos mafiosos para obtener ganancias que luego son repartidas, favoritismos en desmedro de la libre competencia en general, nombramientos en cargos relevantes a incondicionales a cambio de algún beneficio futuro, etcétera.
El jueves último fue divulgado el informe anual de Transparencia Internacional respecto a su última encuesta, en la que nuevamente los políticos y funcionarios públicos paraguayos ocupan una deshonrosa ubicación, pues en Sudamérica son superados en corrupción solo por sus colegas de Venezuela. Ese puntaje negativo obtenido es recurrente casi desde la creación del citado estudio, con ocasionales leves avances sin mucha importancia y aun así las autoridades de turno nunca lo toman con la seriedad necesaria.
Los actos de corrupción son responsables de que la mayoría de las instituciones no funcionen como deberían en el Paraguay. Sus administradores, en gran porcentaje, solo buscan aprovecharse de sus cargos para enriquecerse ilegalmente, o se preocupan casi exclusivamente en cobrar sus sueldos y sobresueldos que en tratar de ser eficaces en sus labores.
Los pocos políticos y funcionarios que hasta el momento fueron enjuiciados y/o condenados por corrupción fueron puestos en evidencia en informaciones de prensa. Cuando sean las mismas autoridades políticas las que impulsen las denuncias correspondientes se tendrá un pequeño avance más. Por último, la gran cantidad de ilícitos que se cometen desde la función pública tal vez incluso superan a las percepciones que tienen los encuestados por TI.