“Sintechos” invaden calle en Luque
LUQUE (Gladys Villalba, corresponsal). Unas 30 familias ocupan desde el año pasado un tramo destinado a calle en la compañía Cañada Garay. En el lugar fueron construidas precarias viviendas y el hecho fue denunciado en el Juzgado de Faltas de la Municipalidad de Luque, pero no hubo reacción de la administración comunal.
A través de una resolución del año 2014, el entonces intendente César Meza Bría (PLRA) ordenó la apertura de la calle Vergel Luqueño en Cañada Garay, Kilómetro 18. La decisión del jefe comunal se basó en el dictamen de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad, en el que consta que corresponde la apertura de una vía pública.
Pese al antecedente, la Dirección de Obras Públicas de la Comuna de la administración se desentiende de la situación. La calle no fue puesta en condiciones para ser transitada, pese al insistente pedido de los pobladores.
La denuncia también fue hecha a la Unidad III de la Fiscalía de Luque, a cargo del fiscal Francisco Cabrera, quien de carácter urgente, en junio del 2019, solicitó que el intendente Carlos Echeverría (colorado cartista) presente las documentaciones autenticadas del inmueble en cuestión para llevar a cabo el desalojo. Los papeles datan del año 1991 y avalan la creación de un loteamiento en la que figura la calle pública.
El pedido fue contestado por el secretario general de la Intendencia, Juan José Quintana, quien señala en el escrito que dichos documentos no existen en el archivo de la Comuna. Sin embargo, los pobladores de la zona donde se registra la invasión cuentan con los documentos, desde la creación del loteamiento hasta la denuncia.
Intentamos hablar con el intendente Echeverría, pero tenía el celular apagado. Entonces, le hicimos la consulta sobre el caso a la asesora jurídica de la Comuna, Griselda Ibarrolla, quien deslindó responsabilidad y dijo que el juez de faltas, Hugo Rolando Delgado, está a cargo del tema. Este no respondió nuestras llamadas a su celular.
desde octubre del año 2018 vienen realizando movilizaciones contra Urbieta (PLRA) y un sector de concejales municipales. Ayer, cuando Silguero presentó la solicitud; algunos ediles liberales abandonaron la sala y la sesión quedó sin quórum.
El concejal Gustavo Bonzi (PLRA) dijo que en ese momento no se podía tratar el tema debido a que las personas que participaban de la sesión los coaccionaban. Dijo que él incluso recibió amenaza de muerte y de que iban a quemar su vehículo.
Los líderes de los ocupantes de las 84 hectáreas indicaron que la Comuna, administrada por Urbieta
Cáceres, pretende rematar el inmueble para poder pagar la indemnización de una funcionaria comunal que fue despedida en forma injustificada. La exempleada fue beneficiada con un fallo en el marco de una demanda que presentó contra la Municipalidad, explicaron.
El asesor jurídico de la Municipalidad, Luis Cabañas, aseguró que el terreno no se encuentra registrado a nombre de la Comuna. Esas tierras fueron cedidas por el propietario de la estancia Ybú a la Municipalidad en concepto de pago de impuestos, pero están afectadas por un juicio de sucesión porque el titular falleció sin hacer la transferencia, dijo.