Anulan ley que cambiaba facultades de las comisiones de investigación
El Senado aceptó ayer el veto del Poder Ejecutivo a la ley que modifica las facultades de las comisiones bicamerales de investigación (CBI). Dicha norma había surgido tras las pesquisas de la “comisión Messer”.
La Cámara de Senadores aceptó ayer el veto del Poder Ejecutivo a la ley Nº 6439/2019 ‘Que modifica varios artículos de la Ley Nº 137/93 ‘Que reglamenta el artículo 195 de la Constitución Nacional, que instituye las comisiones conjuntas de investigación”.
El pleno, reunido en la sala de sesiones de la Cámara de Diputados por seguridad sanitaria, no reunió los votos necesarios para rechazar el veto, por lo que la objeción de la Presidencia fue aceptada automáticamente. El documento fue remitido a la Cámara Baja para su consideración. Sin embargo, esto es una formalidad ya que solo basta que una de las cámaras acepte el veto para que quede firme.
En la víspera, el documento constaba con dos dictámenes; uno de ellos aconsejaba aceptar y, el segundo, rechazar la objeción total formulada por el Poder Ejecutivo.
El Ejecutivo había señalado en su veto que la CBI debía remitir sus investigaciones al Ministerio Público para pedir sanciones penales contra los investigados que fueran convocados y no se presenten.
El Ejecutivo también vetó el documento porque estatuye allanamientos cuando este trámite debe ser resuelto por un juez competente.
En su momento, diputados argumentaron en contra del proyecto. “Este proyecto permite a las comisiones conjuntas de investigación que puedan ordenar la detención o allanamiento de quienes no comparezcan a las audiencias; creemos que eso es peligros y puede prestarse a mayorías coyunturales; como legisladores no tenemos estas facultades; de acuerdo a la ley vigente, la comisión puede comunicar al juzgado y este determina si una persona puede ser obligada a comparecer”, explicó en su momento el diputado Derlis Maidana
(ANR, cartista), de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Este proyecto fue aprobado por el Congreso el año pasado, tras la polémica surgida sobre cuáles eran realmente las facultades constitucionales de las comisiones bicamerales de investigación. El caso más resaltante fueron las pesquisas de la “comisión Messer”.