El MOPC remueve “cuerpo del delito” del proyecto metrobús.
Mientras millones de paraguayos se encuentran recluidos en sus hogares debido a la cuarentena decretada por el Gobierno a raíz de la pandemia del coronavirus que azota a nuestro país y al mundo entero, el MOPC sorprendió ayer con un verdadero zafarrancho de combate realizado para demoler las estructuras de hormigón armado a medio terminar que dejara en el trayecto la empresa portuguesa Mota Engil contratada para construir el fraudulento metrobús. No resulta descabellado sospechar que la insólita decisión se debe a la secreta intención de hacer desaparecer el mamotreto del que son responsables ambos, la mencionada empresa y el ministerio citado. De resultar cierta esta sospecha, la razón de tan precipitada determinación del ministro Arnoldo Wiens, en momentos de fuerte preocupación colectiva, podría responder a alguna estratagema destinada a destruir el “cuerpo del delito” perpetrado presuntamente por su antecesor en el cargo, Ramón Jiménez Gaona, en complicidad con Mota Engil, para que el Ministerio Público no los impute a ambos por presunta complicidad y encubrimiento, respectivamente. Al parecer, una vez más tendremos en nuestro país un caso en que existen delitos pero no delincuentes.
Mientras millones de paraguayos se encuentran recluidos en sus hogares debido a la cuarentena decretada por el Gobierno a raíz de la pandemia del coronavirus que azota a nuestro país y al mundo entero, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) sorprendió ayer con un verdadero zafarrancho de combate realizado
para demoler las estructuras de hormigón armado a medio terminar que dejara en el trayecto la empresa portuguesa Mota Engil, contratada para construir el fraudulento proyecto metrobús.
Mientras tanto, se sigue aguardando el cobro por parte de la cartera de Estado de la garantía de anticipo que se pagó por el fallido contrato por el monto de US$ 6,6 millones, todavía vigente en el Banco Itaú, pero que vence en este mes de abril. El procurador general de la República,
Sergio Coscia, anuncia acciones legales para dicho cobro cuando se normalice la actividad judicial, si la aseguradora sigue sin honrar su compromiso. Al respecto, hace más de un mes que la repartición estatal solicitó a la compañía Royal Seguro S.A. –de la que es accionista Juan Carlos López Moreira, exjefe del Gabinete Civil de la Presidencia durante el Gobierno de Horacio Cartes– la ejecución de la póliza de fiel cumplimiento del contrato, de
US$ 6,4 millones, pero hasta ahora esta no ha procedido a efectivizar la misma, invocando actualmente como excusa la pandemia del coronavirus.
Por otra parte, la empresa constructora portuguesa ha entablado demanda al MOPC en dos estrados internacionales de solución de controversias, reclamando el pago de unos US$ 25 millones en concepto de resarcimiento por supuestos perjuicios económicos sufridos por culpa de las autoridades de dicha institución. El MOPC ha rechazado la demanda de su excontratista y seguramente estará tomando medidas para enfrentarla en los tribunales.
El contrato suscrito con Mota Engil comprendía las obras civiles del sistema metrobús correspondiente a los tramos 2 y 3, en una extensión de 12 kilómetros. Como es de público conocimiento, la contratista portuguesa no llegó a completar 3 kilómetros de la vía al término de comunicar el paro de los trabajos en vísperas de la asunción del nuevo Gobierno en agosto de 2018. Con todo, hasta entonces y con posterioridad, siguió recibiendo pagos por parte del MOPC, hasta completar US$ 30 millones, de los US$ 51 millones del contrato total. Aún así, ahora reclama ante instancias jurídicas internacionales US$ 25 millones más.
Los tres kilómetros de vía del proyecto metrobús construidos a medias por Mota Engil son un adefesio a simple vista, y un virtual campo minado para los automovilistas que circulan por la principal avenida de acceso a la ciudad desde el este y el sur de la Región Oriental, debido a las desprolijas estructuras de hormigón armado a medio terminar que se constituyen en peligrosos obstáculos para el tránsito automotor. Y ni qué decir para los comercios situados a ambos lados de la avenida debido a las excavaciones expuestas a cielo abierto.
Con tales antecedentes, de harto conocimiento público, y con las chapuceras obras a la vista de todo el mundo en el tramo de tres kilómetros intervenidos por la empresa portuguesa, la opinión pública nacional creyó en su momento la promesa del titular del MOPC, Arnoldo Wiens, de que iría a exigir a la misma el reacondicionamiento del desastroso tramo de avenida para restituir seguridad y confort a los automovilistas, pero, por lo visto, tal cosa jamás pasó de ser una mera intención del ministro, al punto de que la cartera que preside debe abocarse ahora a solucionar el problema.
Inopinadamente, y como sacando morboso partido de la angustia de la gente en todo el país con la cuarentena decretada por el Gobierno a raíz de la pandemia del coronavirus, justo ahora se le ocurre al ministro Wiens disponer el precipitado reacondicionamiento de la destrozada avenida, a costa del Estado, obviamente. Repetimos que, así como están, las frustradas obras constituyen un peligro para quienes circulan por el lugar y para los vecinos, pero son elementos sobre los que existe una disputa, y el Estado no debería alterarlos, salvo que haya un acuerdo entre las partes.
No resulta descabellado sospechar que la insólita decisión se debe a la secreta intención de hacer desaparecer el mamotreto del que son responsables ambos: Mota Engil y el MOPC. De resultar cierta esta sospecha, la razón de tan precipitada determinación del ministro Wiens, en momentos de fuerte preocupación colectiva, podría responder a alguna estratagema destinada a destruir el “cuerpo del delito” perpetrado presuntamente por su antecesor en el cargo, Ramón Jiménez Gaona, en complicidad con Mota Engil, para que el Ministerio Público no los impute a ambos por supuesta complicidad y encubrimiento, respectivamente. El procurador general Coscia asegura que las obras realizadas figuran en un informe, pero, considerando el estado del conflicto con la constructora portuguesa, toda preocupación que pueda tomarse es poca.
La ciudadanía podrá sacar sus conclusiones ahora, o esperar el desarrollo del proceso jurídico, el cual ciertamente no será rápido. Lo cierto y concreto es que ya transcurrió demasiado tiempo sin que se vislumbre una acción firme tendiente a reparar el tremendo daño ocasionado al Estado y grandes padecimientos a los vecinos, sin que hasta hoy surjan los responsables. Al parecer, una vez más tendremos en nuestro país un caso en que existen delitos pero no delincuentes.