Sobran comisiones, faltan imputaciones.

Es frecuente en nuestro medio que un Gobierno cree una comisión ad hoc cuando no quiere o no puede resolver cierto problema, con lo que gana algún tiempo y da la impresión de estar muy preocupado por el bien común. El presidente Mario Abdo Benítez apeló a este engañabobos al instaurar una rimbombante Comisión Especial de Supervisión y Control de Compras COVID-19 (CESC), que habrá de apoyar al Ministerio de Salud Pública y a otros organismos sanitarios en las compras de insumos y servicios para contener la pandemia, así como en los “estudios de admisibilidad de los procesos solicitados por vía de excepción...” Integran dicha comisión instituciones y funcionarios que ya tienen las atribuciones que ahora se conceden a la mencionada comisión. Por ejemplo, el titular de la oficina Anticorrupción, René Fernández, no necesita integrar ninguna comisión para cumplir con sus funciones. El mal de la “comisionitis” mucho se asemeja a las consabidas “Cumbres de Poderes”, cuyos acuerdos terminan en agua de borrajas. Salta a la vista que no se necesitan más comisiones, sino imputaciones a los delincuentes.

Es frecuente en nuestro medio que un Gobierno cree una comisión ad hoc cuando no quiere o no puede resolver cierto problema, con lo que gana algún tiempo y da la impresión de estar muy preocupado por el bien común. El presidente Mario Abdo Benítez apeló a este engañabobos al instaurar una rimbombante Comisión Especial de Supervisión y Control de Compras Covid-19 (CESC), que habrá de apoyar al Ministerio de Salud Pública y a otros organismos sanitarios en las compras de insumos y servicios para contener la pandemia, así como en los “estudios de admisibilidad de los procesos solicitados por vía de excepción (…), invocados por la urgencia impostergable”. No menos impactante resulta la composición de la CESC, cuyo “coordinador general” será el jefe de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Arnaldo Giuzzio, entidad ajena a la supervisión y el control de las contrataciones públicas. Sus “coordinadores técnicos” serán el ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac),

René Fernández; el de la Secretaría Técnica de Planificación (STP), Carlos Pereira, y la secretaria adjunta de la Senad,

Zully Rolón. Como si fuera poco, a ellos se sumarán funcionarios de varias instituciones, especializados en contrataciones públicas. Es presumible que tengan una vasta experiencia personal en cuanto a fraudes en la materia, siendo de esperar que al menos no integren las Unidades Operativas de Contratación (UOC) de los organismos que harán las compras a ser fiscalizadas. El ministro Giuzzio, ya bastante atareado en la lucha contra el narcotráfico, tendrá mucho que hacer con solo intentar coordinar el trabajo dentro de la CESC, de modo que es improbable que disponga de tiempo suficiente para analizar a fondo las detalladas razones de la necesidad de adquirir ciertos bienes o servicios, que deben esgrimir las instituciones interesadas.

Conforme al Decreto Nº 3582/20, solo tras la constancia favorable del flamante engendro burocrático, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) podrá emitir el Código COVID, esto es, dar luz verde a la operación prevista. Esta norma responde a las sospechosas compras de diversos materiales, hasta de agua tónica, para combatir el coronavirus, de lo que se desprende que no se puede esperar nada de las respectivas asesorías jurídicas para disuadir del derroche. La creación de la enorme CESC implica que tampoco se puede confiar en que la malversación sea impedida por las auditorías internas de las 17 instituciones que recibieron fondos especiales en esta emergencia, pese a que la Auditoría General del Poder Ejecutivo dispuso que presenten un plan al respecto, a más tardar el 15 de abril, y a que el auditor general Luis Cardozo y el ministro de la Senac, reunidos en el Ministerio de Salud Pública, señalaron “la imperiosa necesidad de transparentar y reforzar el control”.

Resulta que ahora el mencionado titular de la oficina Anticorrupción, René Fernández, quien no necesita integrar ninguna comisión para cumplir con su funciones , se ha convertido en un miembro más de la CESC, como si el organismo que dirige, dependiente de la Presidencia de la República, fuera incapaz de poner coto a la corrupción evidenciada en la crisis sanitaria. Parece que tampoco se puede contar con que la DNCP impugne algún procedimiento ilegal de contratación directa ni que la Contraloría General de la República lo examine para evitar que sean eludidos los procesos de licitación y concurso de precios, sometidos a su control. Al parecer, los titulares de las numerosas oficinas se convencieron de que individualmente no pueden hacer nada, y entonces, a juzgar por la experiencia, todos juntos se van a poner de acuerdo en que... ¡no se puede hacer nada!

En cuanto a sobrecostos, acaso inducida por ciertas compras de los extitulares de la Dinac y de Petropar, Édgar Melgarejo y Patricia Samudio, respectivamente, la DNCP anunció que las entidades públicas deben revelar los datos que originaron el “precio referencial”, para que la ciudadanía pueda denunciarlo si resultara excesivo. Es de suponer que la CESC determinaría también si una mascarilla puede costar 29.990 guaraníes, antes de dar su visto bueno.

Existen otras imponentes comisiones, como la “Unidad Interinstitucional para la Prevención, Combate y Represión del Contrabando”, compuesta por ocho organismos. Como es obvio, los delincuentes siguen prosperando. De hecho, el mal de la “comisionitis” mucho se asemeja a las consabidas “Cumbres de Poderes”, cuyos acuerdos terminan en agua de borrajas por la simple razón de que carecen de competencias regladas y de que sus miembros, como los presidentes de ambas Cámaras del Congreso y de la Corte Suprema de Justicia, no pueden comprometer a sus respectivas instituciones: solo sirven para el espectáculo, o sea, para deslumbrar a incautos.

La cantidad de instituciones habilitadas para actuar en los chanchullos que se registran en las contrataciones públicas, suma y sigue. El Ministerio Público tiene que ocuparse de perseguir a quienes intervengan en una operación fraudulenta, tanto desde el aparato estatal como desde el sector privado. En consecuencia, salta a la vista que no se necesitan comisiones, sino imputaciones a los delincuentes. Por lo demás, crearlas implica confesar que los organismos competentes no hacen lo que deben y que el Poder Ejecutivo, que tiene a su cargo la administración general del país, se muestra impotente para al menos destituir a los responsables. Ya existen suficientes organismos de control, entre los que también hay que incluir el Poder Legislativo. Un pretexto que se suele invocar es la necesidad de la coordinación. Si ella resulta difícil es porque hay demasiadas instituciones relacionadas con cierta cuestión, debido a que es preciso atender a la numerosa clientela. Valga repetirlo: si de prevenir o combatir la corrupción se trata, lo mejor es que los agentes fiscales hagan lo suyo, si es que las asesorías jurídicas, las auditorías, el organismo anticorrupción, la Senac, la DNCP, la Contraloría o el Congreso se desentienden de esa calamidad. Más comisiones inútiles no harán otra cosa que engrosar la burocracia.