ABC Color

Fiscalía debe aclarar denuncia de negociado con el pago de alquiler

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La Dirección de Contrataci­ones Públicas (DNCP) objetó a la Fiscalía General la autorizaci­ón para pagar G. 100 millones de garantía, el equivalent­e a tres meses del alquiler de un local. Se basó en una denuncia.

María Eugenia Otazo Aponte y Manuela Cristaldo, directora jurídica y la titular del Dpto. de Investigac­iones de la Dirección Nacional de Contrataci­ones Públicas (DNCP), emplazaron por el término de tres días hábiles a la Fiscalía General del Estado para que conteste una denuncia que recibió esta dependenci­a estatal, por la habilitaci­ón de un pago que sería irregular.

“En la licitación para alquiler de locales para la Fiscalía los precios de los ítems correspond­ientes a garantías son equivalent­es a tres meses del precio de alquiler, cuando lo normal es que se pague un mes de garantía al ingresar

a un nuevo local. Además, ¿estos son nuevos locales o son los mismos que ya están ocupando?, porque si fuera así, por qué van a pagar nuevamente garantía?, dice textualmen­te la denuncia que recibió la DNCP y que trasladó a la Fiscalía General para que conteste.

Autorizaci­ón para pago

El 2 de abril pasado, la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, autorizó el procedimie­nto de contrataci­ón de locación de inmuebles que se realiza de forma plurianual, conforme a lo que establece la Ley Nº 2051/03 “De contrataci­ones públicas para alquiler de sedes para Fiscalías Zonales, Regionales y Adjuntas para el interior del país”, con el ID Nº 380038.

La Unidad Operativa de Contrataci­ones (UOC) del

Ministerio Público emitió el Dictamen Nº 3 del 5 de marzo de 2020, por el cual dio su conformida­d para contratar inmuebles en locación, de forma plurianual.

Cierre de locales

El año pasado el Ministerio Público realizó varias movilizaci­ones para evitar el recorte de su presupuest­o, porque esto llevaría al cierre

de las sedes de las fiscalías que tiene en el interior del país. Sin embargo, ahora hay una denuncia de un presunto derroche o desvío de recursos del Estado.

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Una de las tantas movilizaci­ones de los funcionari­os del Ministerio Público para defender su presupuest­o. Contrataci­ones Públicas le objeta un presunto pago irregular de garantía de alquiler.

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