Junta rechaza por quinto año el balance en San Antonio
SAN ANTONIO (Higinio R. Ruiz Díaz, corresponsal). La Junta Municipal de este distrito rechazó por quinto año consecutivo el balance del acusado intendente Raúl Isaac Mendoza (PLRA, llanista).
Actualmente existe un pedido de intervención de la administración municipal en la Cámara de Diputados y paralelamente, en el Ministerio Público, la investigación penal en su contra, por un faltante de G. 700 millones del Fonacide, duerme desde hace un año. La fiscala de Lambaré Gladys González acusó a Mendoza el 22 de agosto de 2019.
Sin documentos
Con un total de siete de doce votos, el rechazo del balance fue por falta de documentos respaldatorios. “Como siempre, el intendente solo envió números de las inversiones realizadas y no nos envió los documentos para verificar, pese a que hemos solicitado en varias ocasiones y vimos varias cifras que llaman la atención”, expresó el concejal Ramón Palacios (independiente).
Este dijo que uno de los puntos llamativos es la utilización del rubro de contratación del personal, en el que el intendente usó más de lo presupuestado.
En este rubro tenía solo un poco más de G. 3.600 millones, pero llegó a gastar más de G. 3.900 millones, según el balance.
También el año pasado se invirtió en el rubro de aseo y mantenimiento un poco más de G. 980 millones, cuando que prácticamente no se trabajó en esta área, debido a que se encontraba la empresa Tú Recolectora operando, supuestamente como apoyo a la comuna.
En cuanto a combustibles y lubricantes, dijo que hace figurar en el informe más de G. 800 millones y no se sabe a dónde fueron a parar, debido a que no se remitieron los recibos que justifican estas erogaciones.
En combustibles, se cuestiona mucho debido a que el intendente utiliza la camioneta de la institución las 24 horas y se niega a instalar logotipo, por lo que no se descarta que utilice para fines particulares. Ya en el periodo anterior fue descubierto vacacionando en el interior con el rodado municipal.
“El intendente nos informó que teníamos los documentos en la administración para verificar, pero la ley es clara en ese punto, se tiene que remitir a la junta, pero aún así llegamos con el colega, Alcibiades Ayala, hasta las oficinas y no nos permitieron el acceso”, expresó Palacios.