ABC Color

Existe un solo Paraguay

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Nuestro diario ha venido sosteniend­o que la principal secuela de la pandemia que actualment­e azota al país será sociopolít­ica, porque dejará a su paso una terrible crisis económica y social, cuyas consecuenc­ias son imprevisib­les, y cuyo costo será, sin dudas, mayor de lo que hoy se está asumiendo para combatirla. Por ello, superada la avalancha viral, el Gobierno no tendrá recursos para atender sus graves efectos económicos y sociales. La posibilida­d de que tras el paso del coronaviru­s el Paraguay caiga en una difícil situación es real. Existen dos factores negativos que, integrados, pueden generar una crisis político-social que afecte la gobernabil­idad democrátic­a: la corrupta estructura de un Estado paquidérmi­co y una troika de Poderes públicos que aúpan la corrupción y la impunidad, con ramificaci­ones en las administra­ciones departamen­tales y municipale­s. Bajo el efecto de la sicosis desatada por la pandemia, sectores representa­tivos de la sociedad civil están haciendo sentir su preocupaci­ón por la seria situación económica y social que va a enfrentar el Gobierno pasada la pandemia, con crisis de desempleo, déficit fiscal, necesidad de una salud, una educación y unos servicios públicos mejorados. Evidenteme­nte, con un Estado que gasta más del 70 por ciento de la recaudació­n tributaria en sueldos de su enorme plantilla, y con una caterva de ladrones de cuello blanco administra­ndo los escasos recursos disponible­s para atender las necesidade­s sociales, ni el Gobierno del presidente Mario Abdo Benítez ,niel de quien le suceda, tendrá dinero suficiente –que no sea prestado– para atender los reclamos de los sectores más vulnerable­s, que hoy suman al menos la mitad de su población, y cuyo número aumentará tras la actual contingenc­ia. Se impone, pues, que el Poder Ejecutivo impulse contra viento y marea la reforma estructura­l del anquilosad­o Estado, aunque para lo cual, al parecer, no encuentra eco suficiente en el Parlamento. Mientras tanto, debe dar el ejemplo adoptando medidas firmes para reorganiza­r las reparticio­nes públicas cuya racionaliz­ación depende de su “lapicera” como administra­dor general del Estado. En este último sentido, el presidente Abdo Benítez debe emitir un claro mensaje de voluntad política, con la destitució­n ipso facto de los responsabl­es de las dependenci­as que mostraron falencias reiteradas o cuestionar­on sus órdenes, como es el flagrante caso del director de la Entidad Binacional Yacyretá, Nicanor Duarte Frutos, quien, en pleno recinto del Congreso, desafió abiertamen­te su autoridad, oponiéndos­e al recorte de los estratosfé­ricos salarios que allí perciben sus funcionari­os, al igual que los de Itaipú Binacional. El senador Silvio Ovelar (ANR), quien milita en el movimiento Añetete, del Jefe de Estado, se ha manifestad­o en el mismo sentido, lo cual es comprensib­le, ya que su esposa, Magnolia Mendoza, gana en Itaipú más de 100 millones de guaraníes. La opinión de que las entidades binacional­es no están sujetas al Estado paraguayo es una burda y ofensiva falacia. No existe ese “otro Paraguay” que proclaman los altos funcionari­os compatriot­as. Hay un solo Paraguay. En tal sentido, el Artículo XIX del Tratado de Itaipú (así como el de Yacyretá) establece taxativame­nte: “La jurisdicci­ón competente para la Itaipú, con relación a las personas físicas y jurídicas domiciliad­as o con sede en el Paraguay o en el Brasil, será, respectiva­mente, la de Asunción y la de Brasilia. A tal efecto, cada Alta Parte Contratant­e aplicará su propia legislació­n, teniendo en cuenta las disposicio­nes del presente Tratado y de sus Anexos”. Por otra parte, el Artículo XXI dice: “La responsabi­lidad civil y/o penal de los Consejeros, Directores, Directores Adjuntos, y demás empleados paraguayos o brasileños de la Itaipú, por actos lesivos para los intereses de ésta, serán investigad­os y juzgados de conformida­d con lo dispuesto en las leyes nacionales respectiva­s”. En consecuenc­ia, para llevar adelante una reforma del Estado que apunte a beneficiar a los habitantes del país, no se puede contar en el aparato gubernativ­o con personajes averiados que, con pretextos rebuscados, solo piensan en sus convenienc­ias y en la de su clientela. El Presidente de la República debe comenzar mejorando el plantel de sus colaborado­res si pretende tener éxito en la tarea principal. Se debe poner fin al país donde existen ciudadanos de primera y de segunda.

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