Comisión de Control de fondos se reunirá con el contralor
La Comisión Bicameral de Control de los Recursos de la Ley de Emergencia se reunirá la semana próxima con el contralor general de la República, Camilo Benítez.
La charla virtual se efectuará el próximo lunes a las 11:00 y será en el marco de la serie de encuentros que realizan los parlamentarios con quienes administran y controlan los fondos públicos destinados a la lucha contra el coronavirus.
Sin posición sobre camas de Salud Pública
La Comisión Bicameral aún no ha sentado postura alguna sobre la adquisición de insumos y equipos de bioseguridad por parte del Ministerio de Salud Pública. La cartera adjudicó con más de G. 80.000 millones a las empresas Eurotec SA e Insumos Médicos SA (Imedic), ambas pertenecientes a Justo Ferreira, en un proceso que estuvo salpicado de irregularidades.
El vicepresidente de la Comisión Bicameral, el diputado colorado David Rivas, manifestó ayer que solicitaron informes sobre los pormenores del proceso de entrega de equipos e insumos al Ministerio de Salud.
Rivas no quiso entrar en detalles sobre las camas que fueron rechazadas por Salud Pública debido a que no cumplían con los requisitos solicitados por el ministerio. “Es el Ministerio el que debe decidir si recibe o no, ellos solicitaron la compra y finalmente son los que van a determinar si esas camas les van a servir”, apuntó en declaraciones difundidas a través de un comunicado de prensa del legislador.
Inicialmente se anunció para ayer una reunión de la Comisión de Control, sin embargo legisladores señalaron a ABC que la misma no se realizó porque coincidió con la sesión del Senado.
Camas sin registro
ABC publicó en los últimos días una serie de materiales que revelaron que las empresas de Ferreira importaron camas que no declararon ante Aduanas sino hasta varios días después de que el cargamento llegar al país.
Un total de 50 camas de terapia intensiva que estaban siendo ofrecidas como “reemplazo” de las rechazadas por Salud Pública fueron importadas y despachadas sin la autorización de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa).
Tributación y Aduanas detectaron, además, que las empresas de Ferreira presentaron despachos en los que declararon menos productos de los que realmente estaban importando.