Justicia
La condena contra el exintendente de Santa Elena, César Balbuena (PLRA), y el extesorero de la Comuna, Eladio Chaparro, por malos manejos en los recursos del Fondo Nacional para la Inversión y el Desarrollo (Fonacide) para algunos seguidores no parece un hecho grave, incluso dicen que es una injusticia. Ponen en duda el histórico fallo, porque los condenados son de un partido de oposición y aducen que la mayor corrupción se da en las altas esferas y tiene como protagonistas a representantes del partido de gobierno, el Colorado.
Sin embargo, para una ciudad como Santa Elena, que maneja un presupuesto ínfimo en relación con otras dependencias del Estado, G. 303 millones de perjuicio a las arcas comunales es inmenso. Esto considerando que en el año 2013 recibió G. 654 millones de recursos de Fonacide, con lo que se deduce que casi la mitad fue mal utilizado, según se demostró en el juicio oral y público que culminó la semana pasada.
La Contraloría General de la República (CGR) también demostró que Balbuena repartió alfajores y jugos a los escolares bajo la excusa de almuerzo escolar. Los cheques destinados a pagos a proveedores fueron cobrados por familiares, operadores políticos y allegados al exjefe comunal, según se demostró en el juicio.
Asimismo, dos computadoras destinadas a instituciones educativas de la comunidad y una hormigonera que figuraban en los papeles nunca llegaron a destino.
Al igual que el tinglado fantasma del Colegio Santa Elena, que solo se encuentra en la orden de pago de la comuna, firmados por el exintendente y el extesorero Chaparro. Los jueces en un recorrido por la zona verificaron la mala calidad de los materiales utilizados en la construcción de salas destinadas a aulas.
El proceso contra el exintendente comenzó en el año 2015 y culminó cinco años después. La defensa desde el inicio habló de una persecución política y mediática, recurriendo a todo tipo de chicanerías para trabar la causa.
La realidad, duela a quien duela y moleste a quien moleste, es que se hizo justicia.