Quejas en Juzgado de Capiatá
Abogados y usuarios de justicia critican la lentitud con que se brinda atención en el Juzgado de Capiatá. Indicaron que comprenden que debido a la emergencia por covid-19 se deben evitar las aglomeraciones, pero piden mayor agilidad de los funcionarios judiciales.
Los profesionales cuestionan que deben formar una fila para ingresar al patio del Juzgado y, una vez adentro, otra fila para retirar un número por el que son llamados para la atención en las secretarías de los Juzgados.
“Hace una hora y cuarenta y cinco minutos que estoy en la fila, esperando un número para ingresar y formar otra fila para ser atendido”, dijo ayer uno de los abogados que esperaba ser atendido.
Agregó que tendrían que habilitarse más ventanillas para agilizar la atención y prevenir la aglomeración de personas en las filas, además de reducir el tiempo que las personas permanecen en la sede judicial, debido a las medidas establecidas desde que se reanude la atención en dicho Juzgado en lo Civil.
Varias quejas
El reclamo sobre la lenta atención en el Juzgado de Capiatá se suma a las quejas de los profesionales por el tiempo que permanecen en otras sedes judiciales e instituciones como la Dirección de los Registros Públicos.
En esta última, a pesar de la habilitación del Ticket Virtual Registral, la atención sigue generando el reclamo de los profesionales, quienes solicitan incluso que se implemente una mesa de emergencia que atienda los casos considerados urgentes.
El exfuncionario de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) Francisco Florentín declaró ayer en el juicio contra Camilo Soares y Alfredo Guachiré, por el caso “coquitos de oro”.
Como testigo de la Fiscalía afirmó al Tribunal de Sentencia que durante la administración de Soares, acusado por lesión de confianza, el director de la Unidad Operativa de Contrataciones era quien controlaba las invitaciones que se remitían a los oferentes para que participen de las licitaciones.
“En la oficina de la UOC había un cartel con el listado de proveedores antiguos, el señor Guachiré sabía de esa nómina, pero invitó a las nuevas firmas proveedoras a las licitaciones para compra de alimentos”, puntualizó Florentín ante el tribunal.
La declaración del testigo de la Fiscalía complica al acusado ya que otro testigo, Gonzalo Deiró, había afirmado en el juicio que Soares y Guachiré exigían a los nuevos proveedores de la SEN una comisión del 10 por ciento del total de la compra adjudicada. Agregó que dichos pagos eran depositados en la institución y luego llevados hasta el local del Partido P-MAS.
El juicio oral y público del caso “coquitos de oro” continuará el viernes 29, a las 8:30, con la producción de pruebas de las defensas.
Según la acusación del Ministerio Público, Soares y Guachiré son responsables de la compra sobrefacturada de alimentos, que ocasionó un presunto perjuicio patrimonial al Estado de G. 1.224.976.100.