Corte suspende presentación de DD.JJ. de otros proveedores
La Corte Suprema de Justicia dio trámite a otro grupo de acciones de inconstitucionalidad, planteadas por las empresas que proveen al Estado contra la Ley 6355 que las obliga a presentar declaración jurada de bienes y rentas para participar de las licitaciones.
Los ministros Antonio Fretes, Gladys Ester Bareiro de Módica y Manuel Dejesús Ramírez Candia, integrantes de la Sala Constitucional de la máxima instancia judicial, resolvieron dar trámite a las acciones promovidas por las empresas contra la ley que obliga a los proveedores del Estado, tanto a propietarios como a los directivos, a presentar la declaración jurada de bienes y renta para participar de las licitaciones.
Como primera medida, el máximo tribunal suspendió los efectos de la normativa, hasta que las acciones de inconstitucionalidad sean resueltas por la Sala de la Corte Suprema de Justicia.
“Analizando el escrito de presentación se constata que la parte accionante ha justificado concretamente la lesión constitucional alegada como también ha citado las normas que considera vulneradas, exponiendo con claridad y precisión su planteamiento, razones por las que corresponde dar trámite”, señala parte de una de las resoluciones que suspende los efectos de la normativa.
Argumento de accionantes
La Ley 6355, que modifica varios artículos de la Ley 5033/13 que reglamenta el artículo 104 de la Constitución Nacional sobre la declaración jurada de bienes y rentas, activos pasivos de los funcionarios públicos, fue sancionada en agosto del año pasado por el Congreso Nacional.
El abogado Raúl Codas, quien patrocinó una de las acciones, afirmó que la Ley es inconstitucional porque el sector privado no puede estar obligado a que se divulguen públicamente la información bancaria y personal de civiles. Citó como ejemplo a la Contraloría General de la República, órgano de control oficial del Gobierno, y que en sus atribuciones constitucionales no incluye al sector privado, al que dicha ley agregó el año pasado.
“Si lo que se busca es transparentar las empresas que operan con el Estado, velando porque no sean firmas de maletín y que las personas que la componen no tengan vínculos ilegales, el Gobierno tiene todas las facultades y los datos para controlar”, expresó Codas.
Al respecto, remarcó que con el cambio reciente de la Ley, todas las sociedades anónimas ya son prácticamente sociedades por acciones, son todas nominativas, entonces uno sabe exactamente quiénes son los dueños y quienes la dirigen.
Hasta la fecha son cerca de 100 las acciones de inconstitucionalidad presentadas por los proveedores.