Diputados evitan eliminar elección para el Parlasur
Por falta de quorum, Diputados dejaron sin tratamiento el proyecto que busca suprimir las elecciones de 18 representantes paraguayos ante el Parlasur, delegación sin utilidad que cuesta US$ 4 millones al año.
Luego de cinco horas de sesión, la Cámara de Diputados quedó sin quorum y dejó de tratar nueve de los 18 puntos que fueron incluidos en el orden del día de la sesión ordinaria. Entre los temas postergados figuraba el proyecto que aprueba el protocolo adicional constitutivo del Mercado Común del Sur (Mercosur).
La iniciativa fue remitida al Congreso por el Poder Ejecutivo y tiene media sanción del Senado desde el 15 de abril. Su objetivo es suprimir las elecciones directas y populares de representantes ante el Parlamento del Mercosur (Parlasur), entidad cuya sede central se encuentra en Montevideo, Uruguay, y que no dicta ninguna resolución obligatoria, lo que la vuelve inútil.
El Paraguay tiene 18 miembros quienes en su mayoría son relegados de listas de diputados y senadores, varios de ellos simplemente “pagaron” para estar instalados en las listas partidarias o buscaron fueros para eludir procesos penales por hechos de corrupción.
De sancionarse y promulgarse, ya no habrá elecciones de Parlasur desde los comicios generales del 2023 en adelante y las funciones de parlasurianos serán asumidas por diputados o senadores quienes recibirán viáticos por cada actividad.
En las pasadas elecciones se eligieron 18 parlasurianos paraguayos. Entre ellos se encuentran diez colorados, siete liberales y uno del Frente Guasu.
El Paraguay gasta en mantener a su delegación unos G. 25.000 millones (US$ 4.600.000) al año, sin contar viáticos, vales de combustible y cupos para “asesores”.
Cada parlasuriano gana un sueldo de G. 29.606.840, más un “gasto de representación” de 3.168.000 guaraníes.
En el caso del “jefe de delegación”, ese rubro se eleva a G. 6.469.900.
Entre los parlasurianos procesados se encuentran los liberales llanistas Enzo Cardozo y Milciades Duré, el primero por presuntos fraudes en el Ministerio de Agricultura y el segundo por el fraude de las tierras San Agustín. Ambos alegan que aún tienen fueros.