Paseros abogan por “frontera inteligente” con Argentina
ENCARNACIÓN (Juan Augusto Roa, de nuestra redacción regional). Trabajadores informales del puente internacional San Roque González de Santacruz conocidos como “paseros” piden la aplicación de una “frontera inteligente” con la Argentina. El sistema consistiría en la reapertura del paso fronterizo exclusivamente para residentes en Itapúa y Misiones, en un radio no mayor a 50 kilómetros del punto de acceso fronterizo, explicaron.
Necesitamos que las autoridades nos escuchen y nos den la oportunidad de ganarnos la vida trabajando. Nuestra situación es muy precaria; desde que se cerró el puente no podemos trabajar y ya no tenemos qué comer, expresó Mirta Viveros, una de las trabajadoras de esta zona de frontera.
Los informales dijeron que esperan mayor acercamiento de las autoridades comunales y departamentales. “Queremos que vengan a ver nuestra situación; queremos propuestas de ellos para seguir trabajando. Muchos
de nosotros no recibimos los subsidios estatales”, agregó.
Viveros señaló que unas 2.000 personas en la ciudad están sin actividad económica desde que se declaró la emergencia sanitaria para mitigar la propagación del covid-19. Los más afectados son los vendedores callejeros, taxistas, paseros de mercaderías y motoqueiros.
“Necesitamos fuentes de trabajo, como huertas familiares o panaderías comunitarias para el sustento de nuestras familias”, indicó.
SAN ANTONIO (Higinio R. Ruiz Díaz, corresponsal). La Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (ANTS) afirmó que la Municipalidad de esta ciudad estaría incumpliendo los requisitos establecidos en la Ley 5016/14 “Nacional de Tránsito y Seguridad Vial” para la expedición de licencias de conducir. La administración comunal podría ser inhabilitada para la realización del trámite, dijo el director de licencias de la ANTS, Agustín Duarte.
Numerosos contribuyentes denunciaron que la Comuna exige una declaración jurada-obviando la realización del test de vista y oído-para para la emisión del carnet de conducir. La institución cobra G. 80.000 por este documento que es abonado en una presunta “caja paralela” en el patio de la sede municipal, según las quejas.
Duarte señaló que las municipalidades deben cumplir todos los requisitos establecidos en la ley para la expedición de licencias, pues de lo contrario es irregular.
Indicó que la ANTS intervendrá la Comuna para verificar las denuncias y que en caso de comprobarse, sería inhabilitada para tales las gestiones.
Mencionó que, por de pronto, pudo corroborar que en San Antonio no existe autoescuela habilitada para test de vista y oído. Añadió que debido a la entrega de registros sin los estudios pertinentes, como estaría sucediendo en San Antonio, las estadísticas de accidentes en las rutas es cada vez mayor.