¡Basta de groseros privilegios al sector público!

La Cámara de Diputados tratará hoy un proyecto de ley “que prohíbe las compras y contrataciones superfluas, excesivas e innecesarias, prohíbe y limita la contratación de parientes y de asesores, fija topes salariales para las autoridades públicas de rango superior y establece otras medidas de racionalización del gasto público”. En buena hora, la iniciativa del senador Sergio Godoy (ANR, cartista), que responde a un clamor ciudadano de larga data y al principio de austeridad que debe inspirar la gestión pública, tuvo en abril el apoyo unánime de sus colegas. Nadie ignora que en el aparato estatal no solo se roba, sino también se derrocha a manos llenas. En un país con tantas carencias como el nuestro, resulta ofensivo que se dilapide el dinero de todos para dar el gusto a quienes roban o se dedican a la holganza. La pandemia ha arrojado más que nunca luz como para resaltar los dos “países” que existen dentro de nuestro territorio: el que disfruta de todo tipo de beneficios y el que se rompe el lomo para producir y financiar tales dispendios.

La Cámara de Diputados tratará hoy, en sesión extraordinaria, un proyecto de ley “que prohíbe las compras y contrataciones superfluas, excesivas e innecesarias, prohíbe y limita el nombramiento y la contratación de parientes y de asesores, fija topes salariales para las autoridades públicas de rango superior y establece otras medidas de racionalización del gasto publico”. En buena hora, la iniciativa del senador Sergio Godoy (ANR, cartista), que responde a un clamor ciudadano de larga data y al principio de austeridad que debe inspirar la gestión pública, tuvo en abril el apoyo casi unánime de sus colegas. Nadie ignora que en el aparato estatal no solo se roba, sino también se derrocha a manos llenas, como si los poderes Legislativo y Ejecutivo pudieran disponer a su antojo del dinero de todos, mediante presupuestos que otorgan privilegios y responden a prácticas clientelísticas, en claro perjuicio del bien común. El Estado no debe estar al servicio de políticos y funcionarios que hacen poco más que ganarse la vida a costa de los contribuyentes.

Ahora que la población se está sacrificando para enfrentar la pandemia, resulta aún más irritante que en la función pública se siga malversando y percibiendo salarios exorbitantes, a los que deben sumarse los variados beneficios adicionales, entre los que se incluyen hasta los premios por “presentismo” y los viáticos para conocer el mundo en “misión oficial”, generalmente turísticos, ya que no se conoce que hayan aportado algo en beneficio del país. Como era previsible, los beneficiarios de los dispendios, que ocupan unos puestos de “trabajo” inmunes a la crisis económica, se han movilizado en defensa de sus ávidos bolsillos. El Ministerio Público, cuya actuación deja mucho que desear, habla, por ejemplo, de “derechos adquiridos” en materia salarial y objeta que el proyecto de ley limite a dos los viajes anuales al exterior, con excepción de los realizados por quienes encabezan los tres poderes estatales, entre otros. Entre los que han tocado las puertas de los diputados para conservar sus prerrogativas habrán figurado también los aduaneros y los funcionarios de la Subsecretaría de Estado de Tributación, pues una de las comisiones asesoras de la Cámara Baja –la de Legislación– propuso que perciban el 40% de las multas impuestas por cumplir con su deber, en tanto que el proyecto de ley elimina esa absurda participación que, según el ministro de Hacienda, Benigno López, le cuesta al erario, cada año, 5.600.000 dólares. De hecho, la iniciativa en cuestión supondría un ahorro total de diez millones de dólares anuales, resultante de los recortes o de la eliminación de los gastos también derivados, entre otras cosas, de los salarios, del servicio de catering, de arreglos florales y del seguro médico para las máximas autoridades de las entidades públicas. En verdad, en estos despilfarros hay mucha tela que cortar, en favor del interés general que, como la experiencia enseña, suele ser contraria al de los “servidores” públicos.

Las comisiones asesoras emitieron varios dictámenes que, en general, buscan atenuar el impacto de los “tijerazos”, ya que, al fin y al cabo, el dinero sale de los contribuyentes, sin voz ni voto en este importante asunto. Mención especial merece el criterio mayoritario de la Comisión de Asuntos Constitucionales, opuesto parcialmente a la norma de que en la función pública, incluida la que se ejerce en las entidades binacionales, nadie gane más que el Presidente de la República, es decir, más de 37 millones de guaraníes mensuales .Se propone excluir a los instalados en Itaipú y Yacyretá, verdaderos enclaves dentro del país, donde hay sueldos que hasta triplican el referido, con el argumento de que los allí abonados se rigen por tratados y acuerdos internacionales.

Y bien, el art. 3º del “Protocolo sobre relaciones de trabajo y seguridad social”, relativo a Itaipú Binacional, que menciona las “normas especiales uniformes” a ser aplicadas al contrato individual de trabajo, sea cual fuere el lugar de su celebración, nada dice sobre las remuneraciones mensuales, en tanto la primera parte del art. 5º dispone que “será observado el principio del salario igual para trabajo de igual naturaleza, eficacia y duración, sin distinción de nacionalidad, sexo, raza, religión ni estado civil”. ¿Acaso supone esta cláusula que un funcionario paraguayo deberá ganar igual que uno brasileño, que reside en su país, sin atender el costo de vida en ambos países? Si así fuera, se vulneraría el “principio de salario igual para trabajo de igual naturaleza…”, ya que, de hecho, el compatriota ganaría mucho más que el brasileño. ¿Rigen o no para todos los que trabajan en las entidades binacionales los reajustes salariales dispuestos en uno de los Estados signatarios del Tratado, debido al aumento de precios de los bienes de consumo en cada uno de ellos? Itaipú y Yacyretá no son Estados dentro de otros, de modo que los directores y funcionarios paraguayos mal pueden estar mejor retribuidos que quien tiene a su cargo la administración general del país, según la Carta Magna. También lo creyó así Mario Abdo Benítez al solicitar por nota, en marzo último, que en las entidades binacionales se aplique el tope salarial en cuestión, al menos durante la actual crisis sanitaria. Si los salarios que allí se pagan implican un insulto para el común de los paraguayos y un privilegio escandaloso para sus perceptores, lo mismo cabe decir de los gastos innecesarios que solo sirven para el mayor bienestar de quienes ocupan un cargo público.

En un país con tantas carencias como el nuestro, resulta ofensivo que se dilapide el dinero de todos para dar el gusto a quienes roban o se dedican a la holganza. La pandemia ha arrojado más que nunca luz como para hacer resaltar los dos “países” que existen dentro de nuestro territorio: el que disfruta de todo tipo de beneficios y el que se rompe el lomo para producir y financiar tales dispendios. El proyecto de ley comentado responde a la moral y al sentido común, siendo de esperar que se convierta en ley por el bien de este pueblo tan sufrido.