El autorretrato de la desvergüenza
Cuando escribo estas líneas todavía no sabemos qué ocurrirá con el operativo que llevaron adelante en amplia mayoría nuestros impresentables legisladores para crear un disparate lógico y jurídico al que pretenden dar fuerza de ley, cuando sancionaría todo lo contrario de lo que se supone que debe hacer una ley: permitir y facilitar el delito en lugar de perseguirlo. Puede ser sancionada o vetada, si el ejecutivo hace lo correcto, como ha prometido.
Lo que ya sabemos, porque ya ocurrió, es que todos y cada uno de los legisladores que votaron a favor de esa norma dibujaron sin pudor el autorretrato de quienes se creen una “casta de impunes” y fabricaron para ello una “ley” a su medida, que permite mentir sin consecuencias en las declaraciones juradas y, de paso, restringe el acceso a un documento presuntamente público a la probabilidad, no imposible pero poco frecuente, de que algún juez se anime a pedir su publicación.
Usted y yo no podemos mentirle al Ministerio de Hacienda en una declaración jurada, tampoco a nuestro banco, ni a la Secretaria de Prevención del Lavado de Dinero, ni a nadie, porque es perjurio y producción de documento no veraz. Eso es porque usted y yo no somos funcionarios, sino “gente común”, como diría el diputado Portillo, del que empiezo a creer que se ha convertido en el líder intelectual indiscutido de nuestro Legislativo.
Alguien tendría que explicarnos a mí y a la gran mayoría de los ciudadanos, qué sentido y qué lógica tiene que las autoridades hagan una declaración jurada, que es un instrumento ideado para disminuir la posibilidad de enriquecimiento ilícito, si pueden llenarla de mentiras sin consecuencias y, además, solo se puede acceder a ella mediante la orden de un juez… y en el caso de que un magistrado la pida, ¿para qué servirá si es apenas una colección de mentiras descaradas?
Así nos explicamos cómo un senador como Zacarías Irún andaba en avión privado, pero no pagaba impuesto a la renta o cómo los González Daher eran propietarios de medio Luque, pero no pagaban impuesto inmobiliario, por poner solo los ejemplos más escandalosos de fortunas gigantes, injustificables y que solo pueden provenir del abuso de sus funciones… La declaración jurada de uno podría decir “no tengo avión”, la de los otros “no tengo casa propia”, sin consecuencia alguna.
La desvergüenza con que, en ese autorretrato, los legisladores que lo promovieron y aprobaron se declaran no solo mentirosos, sino además mentirosos autorizados a cometer perjurio; no solamente incapaces de legislar para la ciudadanía, sino absolutamente dedicados a crear leyes a la medida, para beneficiarse a sí mismos y a sus amigos, y demuestra además que si bien no tienen vergüenza, lo que sí tienen es miedo de que se conozca el monto y se pueda rastrear el origen de sus fortunas.
Estaba nuestro país esta semana cargado de temas importantes, de proyectos de ley necesarios y de absoluta urgencia, por las condiciones sociales y económicas que vive nuestra nación a causa de la cuarentena sanitaria, pero los diputados se ocuparon casi exclusivamente de aprobar el adefesio jurídico que pone a las autoridades más allá de cualquier control de enriquecimiento ilícito y después se declararon “muy cansados”, cerraron la sesión y dejaron todo para la semana que viene… Total todo lo demás era para la “gente común”.
Mientras tanto, miles de paraguayos andan comiendo en ollas populares cuando tienen suerte y pasando hambre cuando no la tienen; entre tanto, miles de pequeñas y medianas empresas están quebrando y decenas de miles de trabajadores han perdido sus empleos; entre tanto, nadie da explicaciones convincentes sobre los fondos especiales para la emergencia sanitaria. Pero todo eso carece de importancia porque no son problemas que afecten a las personas importantes, sino solo a los paraguayos “comunes”, lo importante y urgente es poder falsear y esconder las declaraciones juradas.
A todo esto, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia determinó el jueves que las declaraciones juradas son públicas y, en consecuencia, de libre acceso, contestando un recurso de amparo de la Contraloría, de manera que antes de ser promulgado tamaño despropósito legal ya habría sido declarado inconstitucional, al menos en lo que hace al secreto.
El otro objetivo de los legisladores, que es permitir mentir bajo juramento en un documento legal y público, no solo es contrario al derecho, sino también ofende el sentido común. No solo atenta descaradamente contra la igualdad ante la ley y pone en riesgo cualquier idea de seguridad jurídica y transparencia administrativa que cualquier Estado de Derecho necesita para no ir hacia un colapso social y económico. Además, convertiría oficialmente y con fuerza de ley al Paraguay en una lavandería de dinero.
Pareciera que ocuparse de la buena marcha del país y de los problemas reales de la gente, de la salud, del hambre, del desempleo, de las quiebras y demás calamidades no es prioridad. El desvergonzado autorretrato de los legisladores es solo una muestra de ello. Da la impresión de que son demasiadas nuestras autoridades que, como ingeniosamente dice un chiste que corre por las redes sociales, están siguiendo con gran entusiasmo la recomendación de lavarse mucho las manos, pero como Pilatos y no por precaución ante la pandemia.