Diputado Portillo chicanea su audiencia
La Corte Suprema de Justicia ratificó ayer al juez clave del clan ZI, Marino Méndez, como juez penal de la adolescencia de Alto Paraná. El magistrado recientemente sancionado por el JEM contó con seis votos.
La terna elaborada el 9 de marzo último estaba integrada con Marino Daniel Méndez Hermosilla (498.72 puntos), Wilfrido Rubén Morínigo Velázquez (465.86 puntos) y Gabriela Ignacia González Alegre (384.96 puntos).
Sin embargo, al momento de la votación la disputa quedó entre los dos primeros, pues la tercera integrante no obtuvo ningún voto.
“Yo siempre voté por la carrera judicial”, argumentó el ministro de la Sala Penal Luis María Benítez Riera para proponer la confirmación de Méndez, para lo cual destacó sus méritos académicos, pasando por alto la reciente sanción de apercibimiento por parte del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
A este voto se sumaron los ministros Gladys Bareiro,
CIUDAD DEL ESTE (De nuestra redacción regional). El diputado Carlos Portillo (PLRA, efrainista), acusado por supuesto tráfico de influencias, logró suspender su audiencia preliminar convocada ayer al alegar que no cuenta con algunos documentos del expediente.
La jueza penal de Garantías N° 5 de esta ciudad, Cinthia Garcete Urunaga, aceptó el pedido de suspensión y reprogramó la audiencia preliminar para el 3 de julio.
El abogado Pedro Fabián Fernández, defensor del diputado
Antonio Fretes, César Garay, César Diesel y María Carolina Llanes.
“En reconocimiento a los 21 años de carrera en visibles funciones y magistratura y habiéndose pronunciando la única autoridad constitucional que existe en la República del Paraguay, entonces a fin de no truncar el ejercicio de la magistratura, voto por quien está en la función”, agregó Garay, al referirse a la resolución por la cual el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados salvó recientemente de la de Alto Paraná, presentó el pedido de suspensión el martes pasado y alegó que no cuenta con todos los documentos contenidos en el expediente judicial; además, señaló que tampoco tuvo acceso al informe pericial de extracción de datos de los teléfonos.
Tras una divulgación de audios en ABC Cardinal 730 AM, el 9 de enero de 2018, Portillo fue imputado por la fiscala Liliana Alcaraz por supuestamente pedir una coima de US$ 3.000 a Auda Fleitas (investigada por estafa). Esto fue a cambio de una resolución favorable en el Tribunal de Apelaciones, conformado por Isidro González, Aniceto Amarilla y Mirian Meza.
El 8 de junio pasado, peritos Forenses del Ministerio Público analizaron los aparatos celulares del legislador y Fleitas.
En la desgrabación no se encontraron las conversaciones entre ambos, registradas hace dos años.
Los aparatos nunca fueron confiscados y solo días antes fueron entregados para la pericia. destitución a Méndez, pero lo sancionó con el apercibimiento.
En aquella ocasión, el ministro Manuel Ramírez Candia, Cristian Kriskovich y Enrique Bacchetta, votaron en minoría por su destitución por conceder irregularmente un amparo a la exintendenta Sandra McLeod, para que la Junta Municipal no trate su renuncia.
Los votos en mayoría por aplicar la sanción de apercibimiento fueron de los liberales Eusebio Alvarenga, Gladys Bareiro y Fernando
En la víspera, el informe pericial fue remitido al juzgado de Ciudad del Este y proporcionado a la defensa del diputado.
La Fiscalía presentó como pruebas la declaración testifical de Fleitas; además, del testimonio de los camaristas sondeados por el polémico diputado Portillo y el cruce de llamadas.
Silva Facetti, además de los colorados Hernán Rivas y Adrián Salas.
A su vez, el presidente de la Corte, Alberto Martínez Simón, propuso a Wilfrido Morínigo, quien además de abogado, es psicólogo.
“Entiendo que su formación también en el área de psicología puede ser un elemento importante tratándose de un cargo de juez penal de la adolescencia en Alto Paraná”, afirmó Martínez Simón, cuyo voto fue acompañado por los ministros Ramírez y Eugenio Jiménez.
No es la primera vez que Portillo logra suspender la audiencia preliminar. En junio de 2019, el legislador liberal apeló una resolución de la jueza Garcete por la cual se convocaba la diligencia judicial.
El diputado fue acusado el 12 de noviembre de 2018 por la fiscala Liliana Alcaraz.