UIP sostiene que ley condenará a la ANDE

El Consejo Directivo de la Unión Industrial Paraguaya (UIP) considera que la ley sancionada, que cancela todas las facturas emitidas por la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) durante los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto es el resultado de “una enorme imprudencia en el tratamiento de un tema que hace a la supervivencia de esta empresa pública, el bienestar de la población, el desarrollo de la industria, la generación y mantenimiento del empleo”. Así lo manifestó ayer a través de un comunicado.

“La ANDE es propiedad del Estado Paraguayo y por ende su salud financiera debe ser una preocupación de todos los paraguayos. En tal sentido, se estima que el descalce financiero que producirá la aplicación de esta inaudita medida es de más de 300 millones de dólares”, enfatiza la unión de gremios industriales.

Añade que, debido a una mala política de gobiernos sucesivos, durante los 17 años de congelamiento de las tarifas en guaraníes, se generó la insuficiente inversión de capital, necesario para acompañar el crecimiento del consumo, creando una complicada situación a la industria nacional y a la población en general que vienen sufriendo año tras año inclementes cortes y penando por la mala calidad del servicio.

Explica que la sobrefacturación del servicio de energía eléctrica ocurrida últimamente, “producto únicamente de la inoperancia de la ANDE”, es una cuestión que debe solucionarse sancionando a los responsables directos, y con medidas de fondo que ataquen este problema, aplicando tecnología y sistematización de procesos de manera inmediata y definitiva.

Aseguran que una condonación como la planteada presenta el problema de que incluirá también a otros sectores. “En consecuencia, terminará por llevar a una quiebra inducida a esta empresa estratégica para el desarrollo nacional, con la lógica consecuencia en el resultado del servicio y la generación de empleo”, sostienen.

Finalmente, y en base a estas consideraciones, le solicitan al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, “tener la sabiduría y la prudencia de vetar la Ley aprobada en el Congreso, librándose así de la responsabilidad y de las consecuencias de semejante acto”.